Funcionarios armados ¿y los ciudadanos?

La mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, incluidos diputados de la oposición, aprobaron ayer una reforma del expresidente López Obrador que permite a funcionarios públicos federales portar armas para su seguridad y defensa, en organismos como el SAT, Banxico, la CFE, el CNI, Pemex y la Casa de Moneda, consideradas áreas estratégicas del gobierno. Además, autoriza a las personas físicas y morales (empresas de seguridad) el uso de armamento para su seguridad personal, empresarial o familiar.

En ambos casos, tanto para los funcionarios federales como para los ciudadanos que decidan portar un arma, se tendrán que cumplir los requisitos y trámites que emite la Sedena. Aunque si se revisa la ley, al final se lo hace más fácil a los burócratas para la aprobación de permisos, pues sólo con que la dependencia pública demuestre que requieren armas para dar seguridad a sus funciones, se les autorizará a los funcionarios la portación de armas. Para los ciudadanos comunes, llamados “personas físicas” en la ley, también se amplían las modalidades de permiso para portar armas que emite la Defensa, pero el trámite es mucho más complicado y tardado.

Otro sector de la población al que se le permitirá portar armas para garantizar su seguridad son los comuneros, jornaleros ejidatarios del país, a los que se les permitirá de esa manera defenderse de los embates del crimen organizado que aterroriza, intimida y ataca a los campesinos y productores agrícolas del país. Las armas no sólo las podrán portar los hombres del campo en sus casas y tierras, sino también fuera en zonas urbanas, siempre y cuando comprueben fehacientemente su calidad de campesinos.

Una mayoría casi unánime, con 476 votos de los diputados presentes, aprobó las modificaciones al artículo 57 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que propuso en su sexenio López Obrador, aunque le realizaron algunos cambios a la redacción y el alcance original de la reforma.

Uno de los beneficios que traerá la ley para la seguridad pública es que los organismos privados que prestan servicios de seguridad tendrán que actualizar y comprobar ante la Secretaría de la Defensa la vigencia y legalidad de sus permisos de portación de armas y también estarán obligados a informar, de manera detallada, de las armas y otros artefactos de seguridad que tengan, con todo y números de serie, para tener un mayor control de las armas utilizadas en la seguridad privada.

A reserva de la opinión de los amables lectores, tan contundente aprobación mayoritaria, en una de las muy pocas veces, si no es que la primera en que Morena, sus aliados y la oposición del PRI, PAN, y MC votan de manera conjunta y rotunda una reforma tan importante, tiene un mensaje tácito de reconocimiento de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de que el Estado mexicano falló en su obligación primaria de dar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos en su integridad, sus bienes y su trabajo.

¿Cuántos ciudadanos estarían dispuestos en este momento a comprar un arma y tramitar un permiso de portación en la Sedena para garantizar su seguridad personal, familiar y de sus negocios, comercios o actividades productivas? Según encuestas recientes, 58% de los mexicanos aprueba la idea de tener un arma en su domicilio para defensa y seguridad; pero cuando se trata de portarla en vehículos o en la vía pública la aprobación disminuye a 38%.

Porque en la realidad los mexicanos no perciben los avances que se pregonan cada martes en la mañanera, donde el secretario Omar García Harfuch presume detenciones, decomisos, golpes a grupos delictivos, pero cuando se les pregunta a los habitantes de la República si se sienten seguros en sus municipios, ciudades y en su país, 70% dice sentirse inseguro en el lugar en donde vive. Y si a eso se añade la constante e imparable violencia del narcotráfico, que tan sólo en la pasada Semana Santa sumó 357 homicidios violentos, en razón de 59 asesinatos cada día “santo”.

Súmele a la violencia narca las desapariciones que siguen aumentando en el país, las extorsiones y cobro de piso a todos los niveles de negocio y empresas, los despojos e invasiones de casas, tierras o negocios, el desplazamientos de campesinos e indígenas que son expulsados de sus tierras por el crimen organizado y las disputas armadas entre cárteles y entre facciones enfrentadas que asfixian a territorios enteros de México y marcadamente a Sinaloa, y volvemos a preguntar: ¿cuántos ciudadanos decidirán armarse y autodefenderse después de esta reforma legal?

En los hechos, los legisladores de todos los partidos están reconociendo con su votación que los ciudadanos tienen derecho a la autodefensa y aunque se la dificulten más que a los funcionarios públicos, la realidad es que esta reforma reconoce una realidad cada vez más palpable y dolorosa para los mexicanos: que el Estado y sus instituciones no pueden o no quieren resolver de golpe y con la aplicación de la ley la violencia del narco y la inseguridad y miedo que genera por todo el país.

Y también se reconoce y prácticamente se valida que la multimillonaria inversión que hoy ya tienen que realizar muchos mexicanos para allegarse de forma privada la seguridad pública que no le proveen las autoridades de todos los niveles. Ese gasto que suma miles de millones de pesos es para los ciudadanos un impuesto adicional a los que ya tienen que pagar por su trabajo e ingresos.

Si los funcionarios públicos podrán andar armados y defenderse de la delincuencia, ¿los ciudadanos deberían también hacer lo mismo y aprovechar las nuevas modalidades de autorización de armas que dará la Sedena? ¿Usted, se arma o prefiere no hacerlo?… Los dados mandan Doble Serpiente. Descenso obligado.