Primero los pobres, también para el narco

El eslogan que se volvió la principal bandera política de Andrés Manuel López Obrador, que lo terminó llevando a ganar el poder hace cinco años, ha sido el eje discursivo y temático de este gobierno, con sus ayudas económicas directas y subsidios a las clases y sectores más necesitados de la población.

Pero la idea de voltear a ver a los pobres como mercado electoral y clientelar del presidente, también parece ahora ser la consigna y el objetivo del narcotráfico y los grupos del crimen organizado que, contrario a los antiguos usos, códigos y costumbres de la delincuencia en México, que históricamente atacaba a las clases medias y altas, que son los que tienen más recursos para pagar, ahora los sicarios y jefes de plaza del narco han encontrado en los grupos de mayor pobreza y de menores ingresos, también una fuente de recursos vía la extorsión y el cobro de derecho de piso que ya no sólo le exigen a los empresarios, comerciantes y dueños de negocios establecidos, sino también a la gente de a pie, obreros, trabajadores, campesinos, amas de casa y vendedores ambulantes, se han vuelto la nueva clientela del narcotráfico para extorsionarlos, amedrentarlos y obligarlos a pagar “piso” por las actividades más simples y con las que apenas si sobrevive ese sector de la población mexicana.

Pareciera que los capos de la droga y sus empoderados y crueles sicarios, entendieron muy bien la lógica de que en la pobreza hay un gran mercado potencial, lo mismo para ganar votos clientelares que hagan ganar proyectos políticos, que para obtener recursos millonarios por la vía ilícita. Es como si, aplicando las teorías económicas surgidas en la India, como las de C. K. Prahalad y su libro “La Fortuna en la Base de la Pirámide”, los criminales hayan entendido que los pobres también generan riqueza y pueden pagar, aunque sea en menores cantidades, las extorsiones que hoy son uno de los grandes negocios de los grupos del narcotráfico en México.

Y así, ante la indolencia y la ausencia total de los gobiernos, comenzó a ocurrir un fenómeno en el que grupos como La Familia Michoacana, Los Guerreros Unidos y los Ardillos, entre otros, comenzaron a cobrarles a los más pobres del país, en municipios de Guerrero y el Estado de México, desde por vender tamales en un carrito en la calle, hasta por las cosechas de alimentos y productos del campo, incluyendo cobros tan absurdos como una cuota a la familia que organice una fiesta, otro pago por construir o remodelar una casa, una tarifa por recoger leña del campo o un porcentaje por los ingresos que obtuvieran por sus ventas los tenderos, mecánicos, albañiles o vendedores ambulantes.

Al mismo tiempo que someten y amedrentan a la población, que paga por miedo y que no es defendida ni por los presidentes municipales y mucho menos por las policías locales, los narcos se permitieron controlar mercados locales. Por ejemplo, si alguien en un municipio del sur mexiquense o de algunas otras regiones donde operan ese tipo de extorsiones pretendía construir o remodelar su casa, automáticamente se aparecían los sicarios del narco para preguntarle qué iba a hacer, imponerle una cuota que dependía del tamaño de la obra en cuestión, casi siempre de decenas o cientos de miles de pesos, y finalmente obligarlos a que les compraran a ellos los materiales de construcción, un mercado del cual se han apropiado en varios estados de la República.

En comunidades de Morelos, Guerrero y el Edomex, hay testimonios de personas de escasos recursos que dicen que no sólo deben pagarle impuestos al narco por cualquier actividad que les genere un ingreso, sino que además en varios municipios, los sicarios armados se constituyen en la autoridad y si hay en el pueblo alguna riña o pelea entre pobladores, ellos invariablemente aparecían para detener a los involucrados en el pleito, los cuales eran llevados a una celda improvisada, golpeados o tableados (con golpes de palos en las nalgas y en las extremidades) y al final, después de unos dos o tres días de encierro, los soltaban, pero previo el pago de una especie de “fianza” para recuperar su libertad y pagar su falta. Los cobros por esos motivos podían ser desde los 50 mil hasta los 200 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la pelea o el desorden en que se involucraron los detenidos.

Hay historias tan dramáticas como documentadas, como la señora que vendía tamales en la Costera de Acapulco y, tras recibir varios avisos, de que tenía que pagar su “cuota” o impuesto por poder realizar su venta, algo a lo que ella se negaba porque apenas si obtenía ganancias de su vendimia, la asesinaron a balazos a plena luz del día y como mensaje para que otros vendedores entendieran que los pagos de extorsiones de los narcos no eran opcionales.

En Texcaltitlán, después de que se rebelaran los campesinos y asesinaran a machetazos a 11 sicarios del narco, entre ellos el cruel y sádico jefe de plaza Juan Carlos Garduño Martínez, “El Payaso”, que después de extorsionar, amedrentar y hasta torturar y matar a los campesinos y sus familias en esa zona del sur mexiquense, terminó tasajeado a machetazos por el hartazgo y el odio que sembró entre la población más pobre de ese municipio.

Y exactamente lo mismo que ocurría en Texcapilla, hasta antes de la tragedia ocurrida el pasado viernes y de que llegaran, como siempre después de que corre la sangre, la Guardia Nacional, el Ejército y hasta la gobernadora Delfina Gómez, hoy sigue pasando en casi todos los municipios del sur del Edomex, en prácticamente todo el estado de Guerrero, y en varios municipios importantes de Morelos como Cuautla y sus alrededores.

“Primero los pobres”, dijo López Obrador y construyó una maquinaria electoral, a fuerza de subsidios y programas sociales, que hoy ha convertido a Morena en el nuevo Partido de Estado. Y luego los narcos, que se sienten tan cercanos y bien tratados y tolerados por este gobierno, adoptaron la filosofía del presidente, y dijeron: “También los más pobres tienen que pagar por trabajar, producir y existir”. Y hoy la base de la pirámide social en México, que representan más del 60% de la población, son una clientela compartida por el gobierno lopezobradorista y por el narco: AMLO les da dinero de los contribuyentes, y los narcos se los quitan extorsionándolos, amedrentándolos y, si no pagan, asesinándolos.

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