México pasa de las quejas a la acción contra armas ilegales

HERMOSILLO, SON.- Durante por lo menos las últimas dos  décadas, los gobiernos de México han tenido una queja constante y permanente en la difícil y dispareja relación con los

Estados Unidos: el tráfico ilegal de armas, provenientes del vecino país y que ingresan al territorio mexicano por la frontera común; es una actividad que ha influido para aumentar de manera exponencial los niveles de violencia y homicidios por el aumento de armas de alto poder, todas de origen ilegal y fabricadas por compañías estadounidenses, en manos de los cárteles de la droga.

La queja reiterada de México, que se planteó lo mismo en reuniones bilaterales, que en mecanismos y mesas de cooperación en materia de seguridad y narcotráfico, en encuentros de alto nivel con funcionarios y hasta en visitas oficiales de los presidentes de los dos países, nunca tuvo una respuesta efectiva y real del gobierno de Washington que, en distintas administraciones y por los enormes intereses y el poder de la industria armamentista de los Estados Unidos, nunca se comprometió a tomar acciones concretas para frenar el envío y el tráfico ilegal de armas a los cárteles

de la droga mexicanos.

Por eso cobra importancia la denuncia que el Gobierno federal interpuso ayer ante las Cortes de Justicia de los Estados Unidos, en contra de grandes compañías fabricantes de armamento, a las que se acusa de incurrir en prácticas que fomentan la venta y el tráfico ilegal de armas a criminales mexicanos, además de pedir una “compensación económica” por el enorme daño que la presencia de esas miles de armas de origen estadounidense han provocado a la sociedad mexicana por el aumento de los niveles de violencia en los últimos 20 años y tasas de homicidio,

que ya rebasan los 320 mil mexicanos asesinados entre los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.

Lo interesante de la demanda civil de daños que presentó la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard, es que por primera vez -en un tema prioritario para México e ignorado por Estados Unidos en la relación bilateral- el Gobierno mexicano decidió pasar de las quejas a la acción y, en la denuncia presentada en la Corte Federal de Distrito de Massachusetts, lugar donde están asentadas las empresas demandadas, acusa a poderosas compañías armamentistas estadounidenses de incurrir en “prácticas negligentes” que han provocado un “daño directo e indirecto” al Gobierno de México.

Veremos cómo le va a la demanda en las Cortes estadounidenses. Ayer ya había reacciones políticas contra la demanda mexicana, sobre todo en el lado republicano, mientras las compañías demandadas contraatacaron acusando al gobierno mexicano de buscar un “chivo expiatorio” para eludir su responsabilidad en la actividad criminal y la corrupción.

“Estas acusaciones carecen de fundamento. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, respondió ayer Lawrence G. Keane, abogado general de la NSSF, una asociación que agrupa a miles de compañías involucradas en la manufactura de armas de fuego en EU.

No hay duda que esta denuncia de México tendrá repercusiones en la relación bilateral y se ve difícil que la justicia estadounidense le dé la razón a nuestro país en una demanda que tiene

décadas siendo ignorada por distintas administraciones de Washington; pero tampoco hay duda que la decisión de demandar representa un giro interesante e histórico en la posición

de México en materia de cooperación para la seguridad bilateral y el combate al narcotráfico, donde nuestro país y sus gobernantes se han resignado a la dolorosa realidad en la que nosotros

ponemos los muertos y ellos, los estadounidenses, el consumo sin control y se quedan con la mayor parte de las multimillonarias ganancias que genera el tráfico de drogas… Los dados mandan Serpiente. Caída libre.