Lozoya pisa la cárcel: el fin del pacto de impunidad

Una imagen que tardó un año y cinco meses en llegar: Emilio Lozoya Austin, detenido por miembros de la Guardia Nacional, ingresó a la prisión del Reclusorio Norte, luego de que el juez federal le dictara la prisión preventiva oficiosa por riesgo de fuga. 17 meses después de haberlo protegido y privilegiado como su testigo colaborador, la Fiscalía General de la República, en un giro sorpresivo y radical, le retiró el criterio de oportunidad a Lozoya y le pidió al juez modificar la medida cautelar para que se quedara en la cárcel, entre otras razones, por su "provocación" de haber cenado en un restaurante de lujo y no haber mostrado ningún interés en reparar el daño por 7.3 millones de dólares causado al erario federal.

El Lozoya que ayer llegó temprano al Juzgado, en medio de una nube de reporteros y cámaras que lo acosaban y le cerraban el paso, era muy distinto al que el pasado 10 de octubre cenaba pato a la Pekín en un restaurante de Las Lomas totalmente relajado y con una risa cínica que le costó muy cara. Esa cena fue mencionada por el representante de la UIF en la audiencia, Antonio López, y por el fiscal del caso Manuel Granados, como el principal elemento para presumir una "conducta inapropiada y una provocación" del exdirector de Pemex, además de una muestra de que, al cenar con sus amigos empresarios, tenía una red de personas pudientes que podían ayudarlo a escapar.

Cuando salió esposado para ser fichado, consignado e internado en el reclusorio, era evidente que terminaban los días del Lozoya que vivió como príncipe durante el gobierno de Peña Nieto, que aún en su fuga de la justicia se dio vida de rico entre Alemania, Rusia y Málaga y que con un misterioso y millonario acuerdo con la FGR, negociado por los abogados del despacho del juez Baltasar Garzón en España, había conseguido regresar extraditado a México con todos los privilegios.

El pacto de impunidad que existió por casi año y medio entre la FGR y el principal involucrado en la corrupción de Odebrecht del sexenio peñista, se hizo ayer añicos. Enojados luego de que el juez Artemio Zúñiga le diera una nueva prórroga de un mes a Lozoya, el fiscal y el representante de la UIF tronaron contra el que fuera "testigo consentido" de la Fiscalía.

Desde ese momento Emilio Lozoya se había quedado solo y sin la protección que por 17 meses le dispensó la FGR. Sus abogados, Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas intentaron distintas maniobras y hasta ofrecieron vender propiedades para reparar el daño de 7.3 mdd, pero el juez Zúñiga fue implacable en su fallo: Lozoya Austin merecía desde la primera audiencia del 28 de agosto de 2020 la prisión justificada.

Antes de que el juez lo mandara a prisión, Emilio Lozoya pidió al juez que le diera la palabra y con voz grave y apesadumbrada dijo: "Yo no me fugué. Yo vine un 1 de mayo de 2019 y tuve reuniones con altos funcionarios del Gobierno de México y me regresé a trabajar como financiero internacional. Cuando sacaron la orden de aprehensión yo nunca me evadí de la justicia… Cuando se ejecutó la orden de aprehensión yo ya tenía la plena intención (de colaborar con las autoridades)" y negó haber recibido un trato privilegiado de la Fiscalía porque su madre Gilda Austin estuvo presa en Alemania y lleva dos años en prisión domiciliaria.

Está claro que ayer Gertz Manero lanzó un "¡ya basta!" ante las duras críticas que le costó la imagen de Lozoya cenando en aquel restaurante y que el regaño presidencial que recibió por aquellos días el Fiscal surtió su efecto. Se acabó el pacto de impunidad, Emilio Lozoya difícilmente saldrá de la cárcel, al menos en lo que resta de este sexenio. No habrá más pato a la Pekín ni trajes de diseñador para el exdirector de Pemex.