La Guardia Nacional o la nada

En plena pandemia, con los mexicanos encerrados en sus casas por el miedo al coronavirus, tan solo en el mes de marzo mataron a 3,078 mexicanos en asesinatos dolosos; fue el mes  más violento en lo que va del gobierno de López Obrador y el segundo más violento en la historia reciente por apenas 90 homicidios menos de los 3,158 cometidos en junio de 2018, el más letal.

Mientras nos cuidábamos de un virus, la violencia homicida —la que no ha podido controlar este gobierno— se desbordaba en los estados y municipios con todo y la presencia de la Guardia  Nacional que, medida por las cifras y números oficiales, no ha servido absolutamente para nada.

La gran pregunta que surge ante los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la entendible molestia del presidente es ¿para qué entonces ha servido la Guardia Nacional y qué es lo que está haciendo el nuevo cuerpo policial federal que fue desplegado desde el 2 de julio de 2019 a “todo el territorio nacional” con 70 mil elementos en una primera etapa? Y no son pocos los estados de la República y los gobernadores que hoy, casi un año después de que les mandaron a la Guardia Nacional a sus estados, bajo el estricto control de los generales de las Zonas Militares —los únicos a los que los jefes de la guardia obedecen órdenes y reportan— se preguntan cuál es la estrategia que siguen los guardias bajo la dirección del general Luis Rodríguez Bucio.

Más de un gobernador ha comentado que la de la Guardia parece seguir más una estrategia de contención y tener órdenes de “no confrontar al crimen organizado”.

Pero la hipótesis de una falta de acción de la Guardia Nacional por “órdenes superiores”, con todo y lo cuestionable y polémica que resultaría, sería la menos grave. El caso documentado la semana pasada  en Puebla, donde el lunes 20 de abril nueve integrantes de la Guardia, encabezados por el inspector Abel Olivares Muzquiz, se reunieron con el presidente municipal de Venustiano Carranza, Vicente Valencia, en su casa de Villa Lázaro Cárdenas, y luego fueron “invitados” a comer por el hijo del alcalde Rafael Valencia a un restaurante de mariscos, ya desató incluso una investigación interna por los vínculos delincuenciales que se atribuyen a la familia Valencia, vinculados al robo de combustibles y otras actividades ilícitas.

Y es que los Valencia, Rafael, Patricia y el actual alcalde Vicente, son más que una familia caciquil que desde hace por lo menos 12 años tiene controlada la zona de Venustiano Carranza, cuya presidencia se heredan entre hermanos.

En investigaciones federales se les asocia con actividades de crimen organizado y con huachicoleo, además de que políticamente fueron un “brazo operador” del gobierno del fallecido Rafael Moreno Valle, de su esposa también fallecida Martha Erika Alonso y del mandatario interino, Antonio Gali.

De la mano de ellos, el pequeño municipio de Venustiano Carranza, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, se convirtió en un centro neurálgico para el huachicoleo, aprovechando su ubicación y la gran cantidad de ductos y gasoductos que atraviesan por esa región y sus alrededores.

El negocio del combustible robado floreció en toda la región, donde era común encontrar expendios, comercios y bodegas con todo tipo de combustibles, a la par que Vicente Valencia se volvía alcalde en 2008, para luego heredarle el poder municipal a su hermano Jorge Alejandro Valencia, que a su vez se lo entregó a Rafael Valencia, y éste se lo regresó otra vez a Vicente Valencia, en medio de cuestionamientos a su elección.

A la par, su hermana  Patricia Valencia, hizo campaña para diputada federal en 2018 y su jefe de seguridad fue nada menos que Abel Olivares Muzquiz, el inspector de la Guardia Nacional que el lunes 20 de abril, al mando de un grupo de 10 guardias con todo y patrullas, se reunió con Vicente Valencia.

¿Será también por eso que 100 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en el territorio nacional no pueden disminuir los índices de violencia 10 meses después de estar vigilando? Si es un caso aislado, delicado, y si no lo es, el comandante Bucio tendrá que demostrarlo no solo sancionando a sus oficiales e inspectores, sino empezando a dar resultados y demostrando que la Guardia Nacional sirve para algo más que para presumir patrullas, armas y uniformes militares.