La dupla mexiquense en la mira de la FGR

Dos colaboradores cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto, del grupo mexiquense, y que tuvieron un enorme poder en la pasada administración, están siendo investigados por la Fiscalía General de la República.

Humberto Castillejos Cervantes y Alberto Bazbaz Sacal ocuparon dos posiciones estratégicas en el gobierno federal, desde las cuales armaron una intrincada red de complicidad que los llevó a utilizar su poder para cometer abusos de poder y obtener ganancias millonarias que hoy son investigadas por la Fiscalía a partir de reportes y seguimientos a sus cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

Según una fuente confiable que tuvo acceso a una lista de personajes del gobierno anterior, en poder del fiscal Gertz Manero, en ese listado figuran los nombres de Castillejos, exconsejero Jurídico de la Presidencia, y de Bazbaz, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

Aunque a ambos personajes se les siguen indagatorias por separado, hay algunos temas en los que las investigaciones los conectan en actividades que planeaban y ejecutaban juntos, utilizando sus cargos para la obtención de recursos económicos de manera ilícita.

La red tejida desde la Consejería Jurídica de Los Pinos conectaba con la Unidad de Inteligencia Financiera porque ambas dependencias fueron las encargadas por el gobierno de Peña Nieto de armar los casos, expedientes y acusaciones en contra de políticos, empresarios y otros personajes incómodos u opositores al poder.

Con esa mecánica, Alberto Bazbaz y Humberto Castillejos se encargaron lo mismo de armar el expediente judicial en contra de la maestra Elba Esther Gordillo, que del caso de Javier Duarte; pero también de proceder legal y financieramente en contra de empresarios como Amado Yáñez o de Martí Gil Díaz, de Oceanografía y Oro Negro, en ambos casos bajo las órdenes de Emilio Lozoya Austin y del propio presidente Peña.

Pero más allá de los casos políticos y públicos, que atrajeron la atención mediática, el mecanismo de investigar financieramente las cuentas y a partir de ahí armar acusaciones penales, también fue utilizado por estos dos funcionarios de primer nivel para establecer un sofisticado mecanismo de extorsión, chantaje y cobro de sumas millonarias a empresarios, políticos y hombres de dinero.

Primero la UIF a cargo de Bazbaz se encargaba de investigar, con los instrumentos del estado, a algún personaje rico para detectar “movimientos inusuales” o trasferencias financieras e ingresos no reportados al SAT, que también colaboraba en este entramado.

Con el resultado del seguimiento financiero, se armaba un expediente con los presuntos delitos cometidos por el infractor, previa asesoría de la Consejería Jurídica, y luego se le ubicaba y se le llamaba a las oficinas de la UIF para informarle de la investigación en su contra.

En esa reunión, al presunto infractor se le deban detalles de lo que se había encontrado en sus cuentas, se le hablaba de una investigación oficial y respaldada por el SAT y se le advertían las consecuencias de darle trámite al expediente.

Y cuando el personaje ya estaba aterrorizado, se le ofrecía “una salida”: que recurriera a la asesoría y defensoría de un despacho jurídico que se le recomendaba y que estaba conectado directamente con el consejero Jurídico de la Presidencia y desde ahí podían “resolverle su caso” con discreción y con la garantía de que Hacienda no procedería en su contra, el nombre del investigado quedaría “limpio” y el asunto no se haría público.

Así, con las amenazas y los expedientes por delitos financieros armados conjuntamente por la UIF y la Consejería Jurídica, y la asesoría legal y la “solución y limpieza” por parte de los abogados cercanos a Castillejos, se armó un lucrativo negocio a través del cual cobraban sumas millonarias pagadas por las víctimas de ese sistema de extorsión y abuso de poder.

Parte de esas sumas de dinero, junto con otros “movimientos inusuales” e ingresos que no corresponden a sus sueldos como funcionarios, son las que está rastreando la misma Unidad de Inteligencia Financiera, ahora dirigida por Santiago Nieto, y que obran en los expedientes que se integran desde la Fiscalía General de la República.

La fuente cercana a esas investigaciones que proporcionó la información a esta columna, asegura que esto es apenas “la punta del Iceberg” de muchos otros negocios ilícitos que realizaron los personajes de mayor confianza de Peña Nieto, y afirma que los apellidos de Castillejos y Bazbaz son parte de una larga lista de excolaboradores del expresidente, en la que figuran desde secretarios de Estado, directores, subsecretarios, oficiales mayores y hasta exdirigentes del PRI que tiene en su poder directamente el fiscal Alejandro Gertz Manero y contra los cuales se integran averiguaciones judiciales por diversos delitos e irregularidades financieras.

Así que la fuente de acusaciones, investigaciones y casos de corrupción será inagotable para la 4T.

Y está claro que el gobierno del presidente López Obrador sabe que en cada uno de esos expedientes tiene una mina de puntos de aprobación y popularidad que serán utilizados a lo largo de este año y el siguiente con miras a impactar las intenciones de voto en los comicios intermedios de 2021, donde Morena se juega su mayoría parlamentaria.

Panem et circens decían los emperadores romanos, que para distraer a la población de los problemas sociales, económicos o políticos que no podían resolver, le daban al pueblo alimento y diversión.

La única diferencia es que entonces aventaban a los cristianos a los leones en el Coliseo; hoy los lanzan a responder ante la justicia.

NOTAS INDISCRETAS

…En contra de lo que respondía esta semana el presidente López Obrador, ante la pregunta insistente de una reportera en su conferencia mañanera, donde el mandatario aseguraba que el enorme subejercicio que tuvo su gobierno en 2019, calculado en 150 mil millones de pesos, no afectaba al tema de la salud ni tenía que ver con los desabastos y carencias que se reportan en clínicas, hospitales e institutos de salud públicos, esta semana se dio a conocer como parte del estudio denominado “Los Números del Erario” de la organización México Evalúa, que los subejercicios de gasto en materia de salud alcanzaron 12% hasta noviembre del 2019, es decir que se dejaron de gastar 14 mil millones de pesos a pesar del desabasto de medicamentos y la precariedad en los servicios de salud, sin mencionar la falta de personal suficiente en los centros de salud y hospitales públicos.

Lo que más sorprende en toda esta crisis del Insabi y de la salud pública en general, es que el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, esté completamente desaparecido, mientras un subsecretario como Hugo López Gatell da tumbos y declaraciones conspiratorias todos los días en las que lo mismo acusa a los laboratorios del desabasto, que amenaza a los gobernadores que no quieren adherirse al nuevo instituto, en tanto el arqueólogo Juan Ferrer se ve tan agobiado que ya debe estar extrañando las ruinas de Palenque, por las que tantas veces hizo de guía de lujo para el hoy presidente López Obrador.

En el caso del subsecretario López Gatell, son tantos los yerros que ya en los pasillos del Palacio dicen que su cuenta ya está en 2 strikes y que esta próxima semana cuando se pare en la caja de bateo para informar semanalmente de los avances en el funcionamiento del Insabi podrían cantarle el tercero y ¡ponche!...

Recientemente fue dado a conocer que Abel Murrieta Gutiérrez, el exprocurador de justicia en Sonora durante las administraciones de Eduardo Bours y Guillermo Padrés, sería coadyuvante por parte de la familia LeBarón en las indagatorias de la masacre en Bavispe, municipio de la sierra de aquel estado, ¿pero sabrá la misma familia afectada y la propia FGR que Murrieta Gutiérrez es a su vez parte de una indagatoria por falsificación de documentos en el caso de la guardería ABC?

Tanto el exprocurador, como el en su momento gobernador y otros funcionarios habrían falsificado un oficio del IMSS con el que resultaban inculpados dueños de la guardería y funcionarios de la institución.

Por eso la duda de que la familia LeBarón haya tenido conocimiento de estos hechos, además de que en las épocas en las que Murrieta encabezaba la fiscalía sonorense fue precisamente cuando surgió y cobró fuerza la organización criminal de Los Salazar en aquel estado, mismo grupo con el que supuestamente fueron confundidas las víctimas de Bavispe.

Aquí ya hay un enredo de coincidencias e incongruencias, ya sea por desconocimiento de las víctimas o por intenciones aviesas de Murrieta que, en el caso de los LeBarón, sería algo así como “El abogado del diablo”…

Los dados mandan Serpiente doble.

Semana de altibajos.