La Casa Gris y el punto de quiebre en Estados Unidos

En los últimos 15 días la relación entre México y Estados Unidos entró en un punto de quiebre, en el que Washington pasó del diálogo "amable y constructivo" que había tenido con la administración del presidente López Obrador, a tomar acciones concretas y a mandar mensajes que claramente expresan la "preocupación y molestia" que existe en la Casa Blanca por el nulo avance del Gobierno mexicano en temas que se definieron en octubre de 2021 durante la visita del secretario de Estado, Antony Blinken, y el de Seguridad, Alejandro Mayorkas, para instaurar el "Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad" en la relación bilateral.

El combate y contención al narcotráfico, la migración ilegal, el contrabando ilegal en las aduanas mexicanas y los temas de derechos humanos y Estado de derecho, que quedaron definidos en ese encuentro entre los gabinetes de seguridad de Estados Unidos y México, con la participación personal del presidente mexicano, fueron desde entonces prioridades que la administración Biden exigió atender.

Y todo indica que, cuatro meses después de aquellos acuerdos, desde la Casa Blanca empezaron a ejercer presión por la falta de acciones eficaces del Gobierno mexicano. Primero, la cancelación de las importaciones de aguacate a Estados Unidos. Pero antes de eso hubo dos momentos clave que detonaron la decisión de Washington de poner en la mira al gobierno de López Obrador y a su falta de cumplimiento de los acuerdos en materia de seguridad.

El primero ocurrió tras la revelación de la Casa Gris que habitó en Houston, Texas, el hijo mayor del Presidente mexicano, el 27 de enero pasado. Apenas unos días después de que se publicara ese reportaje ocurrió otro hecho que tuvo lugar en el mismo condado de Conroe, Texas, en donde se ubica la mansión utilizada por la familia López-Adams: el expresidente Donald Trump, principal enemigo político de la administración Biden, se presentó en esa localidad texana para lanzar un duro discurso en contra del presidente Biden, al que acusó de estar defendiendo a Ucrania, mientras no defiende su frontera sur, por donde siguen entrando "drogas, migrantes, criminales y cárteles mexicanos".

La unión de esos dos hechos hizo que desde la Casa Blanca tomaran la decisión de "apretar" a la administración de López Obrador y exigirle cuentas sobre los acuerdos que él mismo aceptó y firmó en Palacio Nacional el pasado mes de octubre durante la visita de la delegación de halcones encabezada por Blinken y Mayorkas.

Y en eso, la radicalización del Presidente mexicano, ante las revelaciones periodísticas sobre la vida de su hijo, y sus ataques abiertos a periodistas con la exhibición de ingresos y datos fiscales como una forma de venganza contra los que difundieron el reportaje de la Casa Gris, le abrió otro frente no sólo con Washington, sino con organizaciones de periodistas en otros países, y por supuesto con la propia prensa mexicana que protestó por la violencia presidencial hacia el periodismo.

Si en los meses por venir el Gobierno mexicano no reporta y documenta avances concretos en sus compromisos y acuerdos de seguridad con Estados Unidos, cualquier tema de la relación bilateral, desde los aguacates hasta la defensa de los periodistas y la libertad de prensa, la migración ilegal o la seguridad de las fronteras comunes por el tema del fentanilo y el narcotráfico, será un pretexto para escalar la presión desde Washington al gobierno de López Obrador, lo mismo declarando “terroristas” a los cárteles de la droga, que argumentando un clima de violaciones graves a los derechos humanos y las libertades. ¿Cómo saldrá de esta doble crisis, la interna y la externa, el Presidente? Habrá que verlo.