"Alito" va a París; el Presidente lo defiende

Justo al mismo tiempo que el presidente López Obrador cuestionaba la forma en que la Fiscalía de Campeche, encabezada por el exfuncionario peñista Renato Sales Heredia, ejecutó una orden de cateo en una casa propiedad de Alejandro Moreno Cárdenas y consideraba "indigno y humillante" la difusión de imágenes de esa diligencia judicial, el dirigente nacional del PRI aterrizaba la mañana de ayer martes en el aeropuerto Charles de Gaulle en París, en donde comenzó una gira en la que se reunirá con dirigentes políticos, eurodiputados y organizaciones de la ONU en Ginebra, Suiza, para exponer y denunciar la persecución judicial y política en su contra, como un tema de violación de garantías y derechos humanos de él y su familia.

El lunes por la noche Moreno Cárdenas, acompañado de su esposa Christelle Castañón Sandoval, de su consultor político venezolano Vladimir de la Torre, además del diputado panista Santiago Creel Miranda y su esposa Paulina Velasco Salcido, abordaron un vuelo de Air France en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a París, en donde los dos políticos participarán en la reunión de la Internacional Socialista que se realiza en la capital francesa y de ahí irán a Suiza a la sede de la ONU, para después viajar a Nueva York, en donde acudirán a la Organización de Estados Americanos.

"Vamos a dejar constancia en todos los lugares de lo que quieren hacer porque no nos vamos a callar, es una locura. No se quieren detener ante nada violando toda la ley principalmente la gobernadora de Campeche que está en un estado demencial violando todas las garantías constitucionales, derechos de presunción de inocencia y una campaña de odio en contra de mi familia, de mi esposa y mis hijos, con amenazas de muerte en internet. Están en el terrorismo ciudadano y no lo podemos permitir, aparte de eso se están convirtiendo en un narcogobierno, un narcoestado terrorista", comentó ayer desde la capital francesa el dirigente priista.

Tal vez por eso, porque sabía ya de las denuncias que harían conjuntamente el PRI y el PAN en los foros europeos e internacionales, el presidente López Obrador ayer se deslindó de las acciones, ciertamente ilegales y violatorias del principio de presunción de inocencia, en las que está incurriendo la Fiscalía de Campeche y la gobernadora Layda Sansores:

"Quiero expresar mi inconformidad con la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche. Hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI. Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas. Se debió haber hecho el acto judicial sin la propaganda. Eso que quede constancia, no estoy defendiendo al señor, estoy diciendo que esos procedimientos no deben prevalecer en un país democrático y respetuoso de las libertades", dijo ayer el presidente en su conferencia mañanera.

Junto con el regaño a Layda Sansores y a su fiscal de extracción peñista, Renato Sales, López Obrador también intentó vacunarse de procedimientos judiciales que, más allá del sustento que tengan las denuncias en contra de Alejandro Moreno, sí están rayando en la persecución y el acoso judicial, con excesos como los que se vieron en esa diligencia del cateo a la que acudió personalmente el fiscal de Campeche, quien difundió además el video del momento en que rompen una de las puertas de acceso a la residencia con un ariete metálico, cuando según el dirigente priista, ahí en la residencia cateada estaban sus abogados para darles el acceso a los ministeriales y que realizaran su cateo.

Es evidente que López Obrador no ignora lo que está haciendo su pupila Layda en Campeche, donde cada semana difunde grabaciones telefónicas producto de espionaje ilegal. Toda la operación judicial y la campaña en contra del líder priista está planeada y avalada desde Palacio Nacional y la Secretaría de Gobernación; pero también es real que el presidente se haya molestado con los métodos burdos y torpes de la gobernadora y su fiscal, porque claramente violentan principios y garantías fundamentales, como la citada presunción de inocencia, algo con lo que, argumentado como defensa, haría que cualquier juez pudiera tranquilamente anular un proceso o acusación en contra de Moreno Cárdenas.

Veremos qué efectos tienen las denuncias y quejas que interpondrá la Alianza va por México en el extranjero sobre una presunta persecución política en contra del dirigente del PRI, sobre todo en foros como el Parlamento Europeo, que ya ha cuestionado al gobierno lopezobradorista por temas como la violencia contra periodistas y que le valió a varios eurodiputados recibir a cambio una dura y destemplada respuesta del mandatario mexicano.

No es la primera vez que políticos mexicanos, en este caso del PRI y del PAN van a organismos internacionales como la ONU y la OEA a exponer denuncias en contra del gobierno de López Obrador, en las que se habla de actuaciones autoritarias y dictatoriales desde el gobierno o incluso el tema de un presunto narcogobierno. Ya lo hizo en 2021 el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que acudió a varios de esos foros internacionales con supuestas pruebas de vínculos entre la administración federal, el partido Morena y organizaciones del narcotráfico en México. Hoy Silvano está en el exilio y, de tantas acusaciones de corrupción que le hacían, no se ha sabido nada. ¿Será que ahora las denuncias de Alito y de la alianza opositora preocupen más en Palacio Nacional?