Entre el SAT y la UIF, tiemblan los empresarios
Entre el SAT y la UIF, tiemblan los empresarios, escribe @SGarciaSoto en #SerpientesYEscaleras.
La imagen de grandes consorcios nacionales y extranjeros, como Femsa y Walmart entregando sus cheques al SAT por adeudos millonarios que antes no reconocían o litigaban en los tribunales, es un buen referente de cómo el endurecimiento de la política fiscal del gobierno de López Obrador está dando resultados.
Ante el temor de una demanda judicial o una exhibición pública como deudores del fisco, algo que afectaría no sólo su imagen sino sus acciones en los mercados financieros, los grandes contribuyentes han comenzado a doblar las manos y han reconocido adeudos que en otros tiempos se negaban a aceptar y preferían mandar a sus despachos de abogados fiscalistas, ya sea a impugnarlos legalmente y ganar tiempo o incluso a pedir “favores” o condonaciones en los más altos niveles del Gobierno, donde solían tener un trato preferencial.
A partir de que el propio Presidente hiciera pública la existencia de una lista con los 15 grandes deudores que le debían al SAT cerca de 50 mil millones de pesos y les sugiriera pagar sus adeudos con la amenaza velada de iniciar acciones legales, los grandes contribuyentes empezaron a aflojar y decidieron pagar “voluntariamente” antes de ser exhibidos o señalados públicamente.
La mano dura de Raquel Buenrostro desde el SAT es el brazo ejecutor, pero la decisión de cobrarles y amagarlos públicamente fue sólo del Presidente.
La otra pinza por la que el Gobierno está apretando a los contribuyentes es la persecución de la evasión a través de empresas de outsourcing ilegales y en ese caso el ejecutor es Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El caso más reciente es el del presidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez, quien está acusado junto con su hermano y su cuñado de lavado de dinero y defraudación fiscal por cerca de mil 100 millones de pesos.
El caso que forma parte de denuncias ante la Fiscalía General de la República que hicieron los socios cooperativistas en contra de Álvarez, por haber desviado 197 millones de pesos de la Cooperativa, toca no sólo al mundo empresarial sino también al mundo del futbol.
Álvarez había sido durante décadas una figura cuestionada por sus socios pero gozaba del favor de políticos de gobiernos anteriores, lo que sumado a sus recursos financieros y legales, le concedía impunidad ante las reiteradas acusaciones.
Y aunque hoy el tema aún no toca al equipo de futbol, entre los empresarios de la Liga MX se ha desatado ya el temor y la incertidumbre de que, desde el SAT y la UIF, se inicie una “cacería fiscal” en contra de los equipos de futbol mexicanos.
La razón por la que están preocupados los dueños del futbol es porque al menos 70% de los equipos actuales utilizan también empresas de outsourcing, como las que le detectaron a Billy Álvarez, para manejar sus esquemas fiscales, ante las elevadas nóminas que tienen que pagar a los jugadores.
Por lo pronto, en plena crisis económica por la pandemia y cuando el panorama para el empleo y la producción es más incierto que nunca, el gobierno de López Obrador ha salido a cazar a empresarios deudores y evasores.
Y a juzgar por los pagos solícitos de más de 17 mil millones de pesos que hasta ahora han hecho grandes consorcios y por el golpe contra Billy Álvarez, el mensaje de advertencia -algunos dicen “terror”- está funcionando.
La pregunta ahora es el uso que se le dará a esos recursos recuperados por la endurecida política fiscal.
