El Indep dio contrato millonario por cuatro años y sin licitación

En un hecho totalmente inusual, forzando la ley y arreglando todo para que aparezca como un acto plenamente legal, aunque se vea totalmente inmoral, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep, antes SAE) otorgó un contrato por cuatro años, de 2020 a 2023 y por 465.5 millones de pesos a una empresa para que le brinde "servicios integrales de apoyo en la administración de bienes muebles para la zona este" y lo hizo por adjudicación directa, sin licitación pública y desestimando ofertas menores que habían presentado otras compañías.

Con el aval de la Secretaría de Hacienda y argumentando los artículos 134 de la Constitución y 40, 41 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto que fue creado por el presidente López Obrador para "transparentar y evitar la corrupción" en el manejo, venta y enajenación de los bienes decomisados al crimen organizado, a funcionarios corruptos y al pago de impuestos en especie y que sustituyó al antiguo SAE, decidió darle a la empresa TDR Transportes, con sede en Querétaro, un contrato multianual para la administración y servicios en sus bienes inmuebles.

El contrato se firmó cuando el titular del Indep era el destituido Ricardo Rodríguez Vargas y tiene vigencia desde el 1 de marzo de 2020 y hasta el 28 de febrero de 2023. Se otorgó bajo la figura de "Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública", según lo decidió el Comité de Adquisiciones del Indep en una "sesión extraordinaria" celebrada el 28 de febrero de 2020, es decir, un día antes de que entrara en vigor el millonario contrato multianual.

Ese mismo día de febrero se le notificó a la Secretaría de Hacienda que firmó de recibida la notificación y a la misma empresa TDR, que igual en la misma fecha selló y recibió la notificación oficial de que había sido beneficiada por los 465 mdp. Todo en cuestión de horas: sesión del Comité, adjudicación y notificación de un contrato bastante inusual y por lo menos cuestionable, aunque en la forma legal.

Parafraseando dos dichos y frases comunes del presidente López Obrador, este contrato del Indep, del cual tiene copia esta columna, "no suena lógico y más bien suena metálico" y tal vez, porque así lo citan y lo invocan en un claro esfuerzo de los abogados, "no sea ilegal, pero es totalmente inmoral".

Especialistas en auditorías públicas coincidieron en señalar en que el monto de 465.5 millones de pesos es muy difícil justificarlo por adjudicación directa y no es una práctica usual en la Administración Pública Federal adjudicar esos montos sin licitación, aunque en este Gobierno se ha abusado de la figura de la adjudicación.

Incluso, para aplicar la figura excepcional de una adjudicación directa por ese monto, debió intervenir un "testigo social", aunque no se menciona nunca en el contrato que hubiera existido esa figura. Los servicios que debe prestar la empresa beneficiada por ese contrato son la administración, dictaminación y enajenación de los bienes inmuebles que son adjudicados al Indep.

En fin, que no deja de ser paradójico que el Instituto que se creó supuestamente para "Devolverle al Pueblo lo Robado" esté desde sus inicios envuelto en denuncias y escándalos de corrupción, manipulación y firma de contratos que benefician más a empresas que al Gobierno. Para retomar los dichos del Presidente, puede que el contrato por 465.5 mdp, por cuatro años y por adjudicación directa sea legal, pero claramente es inmoral y si ese contrato, por la forma en que se aprobó y se adjudicó, no suena lógico, el sonido metálico es escandaloso.