El hombre que amaba a los perros

El título de la extraordinaria novela del escritor cubano Leonardo Padura sirve muy bien para hablar de una historia, la de don Manuel Rozada Cuéllar, que de haber comenzado como un acto desinteresado de amor por los animales y rescate de perros en situación de calle, hoy está convertida en un pleito jurídico y político.

Pionero en un tema que con los años se volvería una causa social en el país y en todo el mundo, Manuel Rozada Cuéllar comenzó a rescatar perros sin dueño después del temblor de 1985 en el antiguo Distrito Federal. "Cuando se dio cuenta contaba con más de 600 perritos", dice la historia de la página oficial de la fundación creada en los años 80 por don Manuel, que hoy tiene su sede en Cuautitlán, Estado de México, donde hay más de mil perros que son rescatados, alimentados y dados en adopción.

Con los años la Fundación Rozada Cuéllar se convirtió también en un negocio que, con nobles intenciones, generaba ingresos millonarios por las generosas donaciones de la sociedad civil, pero también por las cuotas de adopción. La mayoría de sus ingresos se reinvertían en el mantenimiento de sus refugios caninos y, sobre todo, en la compra de los alimentos e insumos que demandan los perros. Eso fue así hasta que en junio de 2013 falleció don Manuel Rozada y comenzó entonces una seria de prácticas irregulares, malos manejos de la administración y los recursos de la Asociación Civil Manuel Rozada Cuéllar atribuidos a su sobrina Mari?a de Lourdes Rozada Morales y a su esposo Alejandro Rodríguez Valdés, quienes tras la muerte del padre y fundador se asumieron como los únicos administradores y albaceas de los bienes que dejó su tío.

Pero resulta que la sobrina no tenía facultades legales para representar a la empresa pues cuando se constituyó la Asociación Civil, en octubre de 2010, ella quedó como una de las asociadas, junto con su padre y con el abogado Enrique Burgos Ordóñez y, según quedó asentado en el acta constitutiva, además del fundador, Manuel Rozada Cuéllar, el único que quedó acreditado como representante de la Asociación y la Fundación fue el abogado Burgos Ordóñez.

Esto detonó un pleito legal que lleva ya 9 años. Hoy se publica en las páginas de este diario un desplegado dirigido al presidente López Obrador, a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y al gobernador Alfredo del Mazo, en el que el abogado Enrique Burgos Ordóñez acusa a los hijos de don Manuel Rozada, de cometer delitos de fraude procesal y extorsión, al ostentarse como "apoderados y albaceas" de manera ilegal.

El desplegado acusa que "los hermanos Rozada Morales recibieron aproximadamente 5 millones de pesos de rentas atrasadas y traspaso de un local y el mismo 12 de abril se realizaron movimientos bancarios por más de 600 mil pesos en efectivo, los cuales no fueron reconocidos por el albacea (Enrique Burgos), ya que dichos recursos estaban destinados a la compra de alimentos para perros y gatos de los albergues". Además, la señora Rozada Morales aprobó la compra de la empresa Canotec, propiedad de su esposo.

El pleito seguirá por vías jurídicas y con denuncias ya interpuestas en las que incluso se habla de "fallos manipulados" de jueces como Araceli Cortés Eslava, juez interina del caso y que ha favorecido a los hermanos Rozada Morales. Pero lo que está de por medio, mientras los humanos se pelean como perros y gatos, es literalmente la supervivencia de los animales rescatados a los que se dejó de alimentar y cuidar provocando muertes y enfermedades en los albergues de la fundación. Hoy no hay claridad sobre el destino de los recursos que recibe la asociación civil Manuel Rozada Cuéllar ni del dinero que obtiene por la adopción de perros y gatos. Y así, la historia del hombre que amaba a los perros, hoy termina en denuncias contra personajes que, lejos de ser protectores, parecen más bien lucradores de los animales.