El año de Hidalgo

Supongo que lo más sensato sería pedirle a Ramírez de la O que permaneciera en el cargo para que la transición no genere una tensión inmanejable. Con un déficit de 6% del PIB, no hay muchas opciones ni para Claudia ni Xóchitl. El escenario perfilado en los precriterios tiene una amable sugerencia: un recorte al gasto entre los 500 y los 800 mil millones de pesos para disminuir el déficit. Si no se quiere recortar, la alternativa es ampliar los ingresos tributarios y tratar de regresar al equilibrio fiscal que este gobierno, con el voto de la mayoría de los legisladores (que, por cierto, irán a la reelección), decidió alterar en 2024.

Han decidido echar los gatos a retozar en año electoral y además las promesas son inagotables. A su vez México, más que un país de ingenieros e innovadores es un país de becados y pensionados, es decir, un país de damnificados sociales que requiere para su sustento de una transferencia gubernamental. Es una realidad que no podemos dejar de lado: se vive a salto de mata. De los 61 millones que integramos la PEA, los desempleados son 2.5% (¿habrá algún día seguro de desempleo?). Cerca de 24 millones ganan hasta un salario mínimo. 19 millones ganan hasta dos SM, con lo cual a 43 de 61 millones, aunque trabajan y cobran, les viene bien la transferencia, pues hace una diferencia en su vida. Ese es el México potencialmente clientelar.

4.5 millones ganan entre dos y tres SM y la gama de más de cinco SM es menor a un millón (756 mil 633). La recaudación tributaria se ubica ligeramente arriba de 14% del PIB y ha experimentado un crecimiento de 12%, que ha sido notable sin crear nuevos impuestos. Más de la mitad es producto del ISR que aporta dos mil 500 millones. Eso se le tributa al Estado por concepto de la renta más, naturalmente, 16% de IVA. IEPS, peajes carreteros, TUAS.

Hay que incrementar los ingresos públicos, como lo ha recomendado la OCDE, pero el contexto político lo complica. Por un lado, el presidente ha establecido el dogma de que no debe haber más impuestos. Claudia ha sido ambigua sobre el tema y Xóchitl no tiene incentivos para formular una propuesta de incrementar el impuesto sobre la renta. Para CSP no sería descabellado subir el ISR al tramo de los cinco SM, argumentando que son menos de 800 mil los afectados y dar así un tono justiciero a la propuesta. Pero políticamente es desgastante porque con tanta polarización como hemos tenido, entrar con una declaración de guerra contra la clase media tendería a ver el incremento como la expansión de un gobierno que gasta, no con un ánimo de generar cohesión social, sino francamente clientelar, como lo han demostrado Jesús Ortega y Hernández en un reciente libro.

En economía, más que la desigualdad, es la percepción de inmoralidad la que irrita a los ciudadanos. Si nos dijeran que es necesario aportar más para edificar un estado de bienestar, habría sectores que lo harían, pero molesta que el gasto social se pinte de guinda y sirva para reforzar una maquinaria electoral y no un país más justo.

En cualquier caso, a menos que no tengamos un crecimiento espectacular de la economía, cortesía de los vecinos, nos espera para 2025 o la tijera o más impuestos. No hay muchas otras opciones para la candidata oficialista. Para la oposición el incentivo directo será reducir la brutal carga que suponen las paraestatales y las obras faraónicas inconclusas. Pero tendrán que pagar el año de Hidalgo.