Se destapan las coladeras en el IMPI

Hace ocho días en mi columna titulada: "Los casos de Íñigo Arenas, Google, El Palacio de Hierro y la Mansión salpican al IMPI", mencioné que dicha dependencia se había convertido en un jugoso negocio de servidores públicos enquistados por años para controlar a su arbitrio al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI). 

Así, se daba cuenta de que tal dependencia se había convertido en un feudo del Director Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, Aldo Fragoso Pastrana, y de otros anteriores, como los Directores Generales: Miguel Ángel Margáin González, Alfredo Rendón Algara, Juan Lozano Tovar. 

Dicha publicación detonó lo que nadie se atrevía a comentar, que el IMPI se había convertido en un feudo en donde sólo los señores feudales mandaban y negociaban con las marcas, y los privilegiados recibían una atención especial. 

Es decir, podríamos advertir que hoy el IMPI se ha convertido en las pocas dependencias de esta administración que sigue con este espíritu neoliberal, donde se privilegia al poderoso y se cobra una comisión. 

Esta tarea de acabar con esas prácticas del pasado se le ha encomendado al Director General, Jorge Sánchez Pérez. En efecto, el columnista del periódico Milenio, J. Jesús Rangel M., en su columna “Estira y afloja” de fecha 16 de agosto pasado, dio datos específicos donde se habían beneficiado de la misma a despachos de la categoría de Goodrich, Riquelme y Asociados, ante dicho señalamiento el socio director administrativo de ese despacho, Enrique Alberto Díaz Mucharraz, aseguró en réplica del día 18 del mismo mes: “ser gran usuario de la plataforma de Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) para el registro de marcas no significa ser corrupto. No he visto ningún acto de corrupción ni me han invitado a hacerlo”. 

Díaz Mucharraz expuso que alrededor de 95% de las solicitudes ante el IMPI se hacen en línea y que en su despacho es el 99% de las solicitudes. “Cobramos cinco mil pesos más IVA, más tres mil y cacho de pesos por derechos de gobierno. Es absurdo que demos 10 mil pesos, como dice la investigación, para agilizar el trámite. Todas las declaraciones fiscales del despacho y de mi persona las tiene la SHCP. Puedo ir ante la FGR o el SAT a demostrar que no somos corruptos, sólo grandes usuarios”. 

Dijo que conoció a Aldo Fragoso, Director General Adjunto de Propiedad Industrial, en las instalaciones del IMPI porque fue quien lo recibió al irse a presentar en lo personal y como Presidente de la organización empresarial con el nuevo titular José Sánchez Pérez, quien dijo estar ocupado. “Hay una gran pugna interna en el IMPI y le creen al rumor de Rodrigo Hinestrosa, a quien ya corrieron”. 

Ante la serie de confesiones del socio director de Goodrich, Riquelme y Asociados le faltó una de suma importancia para los efectos de las investigaciones pertinentes y que se refiere a que todos los trámites o resoluciones que ha promovido ante el IMPI a nombre y representación de su cliente el Gigante Tecnológico “Google”, han sido en tiempo récord, como ejemplo tenemos el contrato de licencia de las marcas de Google Inc. a Google México; además de la premura con que fue inscrito el mismo, tiene ciertas imprecisiones que dejan la sospecha de su legalidad. 

El supuesto contrato refiere como fecha de “efectos” el 4 de febrero de 2005, adjuntándose un Anexo A que contiene diversos registros de marca otorgados por el IMPI en el año 2017; resulta que, el objeto del mismo, es decir, algunas marcas, no existían al día en que se pretende tener como existente dicho contrato (2005). Incluso, el 4 de febrero de 2005, la apoderada legal del licenciatario Google México, la abogada y directora jurídica María Andrea Valles Ibáñez, trabajaba en una empresa distinta al gigante tecnológico. 

Dicho supuesto acto jurídico no tiene una fecha determinada en forma clara, sólo se pretende al parecer simular una en 2005 para justificar el uso de las marcas. No se ofrecen ni adjuntan identificaciones oficiales de los firmantes, ni testigos, ni se acredita la personalidad de los supuestos apoderados. 

Por lo que, si se trata de buscar asuntos polémicos, pudiéramos encontrarlos en los expedientes del IMPI, referente al buscador por excelencia llamado: Google. 

(Abogado y activista, maestro en Ciencias Penales 

Autor del libro “Los filósofos en la era Tecnológica. Los Pitagóricos de hoy”)