Combate a corrupción y demagogia

El combate a la corrupción fue el motor de la campaña que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México y a la instauración oficial de la Cuarta Transformación. Sin embargo, a casi cinco años del comienzo de este gobierno y el inicio de los tiempos de precampaña por la presidencia de la República, es urgente evaluar resultados.

Los grandes escándalos de corrupción que surgieron alrededor de gente cercana al Presidente nunca fueron aclarados y se diluyeron en la impunidad. Ninguna autoridad asumió su responsabilidad de investigar y él mismo ignoró las acusaciones que se difundieron ampliamente en la prensa. Ni siquiera la escandalosa desaparición de 15 mil 151 millones de pesos en Segalmex tiene hoy una explicación, pues el presidente ha ignorado este caso de corrupción que triplica la denominada “estafa maestra”, realizada en el sexenio de Peña Nieto y que mantuvo a Rosario Robles en la cárcel aún sin juicio.

La falta de voluntad política para esclarecer estos escándalos contrasta con el discurso que aún hoy sigue señalando corrupción entre los adversarios del Presidente. En tiempos de la 4T el combate a la corrupción se ha convertido en un arma de eliminación de contrincantes y adversarios políticos. El intento de fincar delitos a Xóchitl Gálvez a través de sus empresas, es una muestra de ello. De entrada, se está intentando manchar su reputación calificándola como corrupta sin presentar pruebas contundentes, lo cual muestra la utilización de este calificativo como arma política.

En el foro de sus “mañaneras”, el Presidente le endilga el adjetivo “corrupto” a cualquier adversario político sin el más mínimo sustento. Llama la atención que el Presidente que ha tomado como bandera de su gobierno el combate a la corrupción sea quien encabeza el gobierno más opaco de la historia de México.

Este Gobierno ha tomado como enemigo y adversario al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, y su bancada en el Senado —Morena— ha tratado de asfixiar a esta institución al negarle el nombramiento de tres consejeros y se le niegan los recursos necesarios para operar. 

Sin embargo, es la fortaleza de las instituciones públicas que operan en esos países —respaldadas por el Estado de Derecho— que permite que estas se conviertan en un dique de contención, pues, sin importar el nivel jerárquico del cargo de quien es denunciado, estas instituciones son capaces de destituir al funcionario y meterlo en la cárcel, incluso, mientras está en funciones.

En España, el yerno del rey Juan Carlos y cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Undargarin, fue a dar a la cárcel de junio de 2018 a enero de 2021, por un caso de corrupción en la fundación filantrópica que él presidía y el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra perdió todos sus privilegios reales —por decisión de su madre la difunta reina Isabel—, a partir de un escándalo que dañó la imagen de la casa real y actualmente su hermano el rey ha refrendado la vigencia del castigo.

La corrupción no se combate con buenas intenciones —ni con discursos moralistas—, sino con sistemas administrativos que dificultan las malas prácticas —e incluso las impiden—, pues la frase “con el arca abierta hasta el justo peca” es una verdad universal, ya que las oportunidades son las que propician la corrupción.

Menos demagogia y más acciones moralmente sustentadas, es lo que hoy necesita México para acabar con la corrupción. Sin embargo, ello no se podrá lograr debilitando a las autoridades autónomas que hoy garantizan la transparencia, valor universalmente aceptado como herramienta fundamental del combate a la corrupción. ¿A usted qué le parece?

(Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación)