La ola de violencia en Ecuador

Lo que quedó consignado en imágenes de televisión respecto al motín suscitado en Ecuador —donde grupos delictivos tomaron el control del noticiero de la televisora más importante de Guayaquil, la ciudad más poblada de ese país—, mientras se hacía la transmisión en vivo de este programa, ha generado alarma en todo el mundo, pues este acto terrorista fue acompañado de forma simultánea por disturbios en cárceles y planteles universitarios.

Este acontecimiento deberemos tomarlo como una llamada de alerta de alto riesgo para México. Si desde el gobierno federal no se inicia un proceso de blindaje para recuperar territorios que hoy están bajo el control total de la delincuencia organizada, algún día podríamos sufrir lo que está sucediendo en ese país sudamericano.

El 8 de enero pasado se detonó un conflicto violento que llevó al presidente de Ecuador —Daniel Noboa— a decretar un "estado de excepción" a partir de la fuga de "Fito", un reo de alta peligrosidad que purgaba una condena de 34 años de prisión, y que es la cabeza de uno de los grupos delictivos más importantes de ese país, lo cual detonó motines en varias cárceles.

Seguramente por negligencia desde el Poder Ejecutivo se ha minimizado el riesgo de un conflicto violento que pudiese comprometer la seguridad nacional de nuestro país. Colombia y Perú ya han anunciado medidas de protección frente a lo sucedido en Ecuador.

Definitivamente la política de seguridad de México —calificada como "abrazos y no balazos"— ha estimulado la violencia, el surgimiento de nuevos grupos delictivos de alta peligrosidad y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta armada de los que ya existen desde hace tiempo.

La tibieza en el combate al crimen organizado denota debilidad y vulnerabilidad de los tres niveles de gobierno para enfrentarlo, o entonces, una perversa indiferencia e irresponsabilidad.

Hay más preocupación en el presidente López Obrador por minimizar la gravedad del problema de cara a las próximas elecciones que por resolverlo, pues esto significa reconocer el fracaso de su estrategia en contra de la inseguridad.

Siempre las fuerzas armadas fueron el último bastión de la autoridad legítima del Estado Mexicano para imponer el orden, por encima de cualquier institución de orden civil. Sin embargo, hoy poblaciones enteras —seguramente instigadas por el crimen organizado— han expulsado violentamente de sus comunidades a soldados armados, sometiéndolos a vejaciones inaceptables para una institución que siempre ha gozado del respeto y reconocimiento ciudadano.

Las víctimas mortales de la violencia no son simples números de una estadística, sino vidas segadas que sumen a miles de familias mexicanas en crisis emocional y económica. Los riesgos están a la vista para quien los quiera ver. Ignorarlos puede traer funestas consecuencias para nuestro país.

LAS PENSIONES

El tema de las pensiones para el retiro debe ser estudiado con gran profundidad, conocimiento técnico y responsabilidad, pues dictaminar de forma improvisada su aplicación con base en argumentaciones electorales puede poner en riesgo la estabilidad económica de nuestro país por el índice de longevidad alargado, y con ello el tiempo en que recibe su aportación cada pensionado. Se hace necesario replantear la edad de jubilación, pues no habrá economía que resista esta erogación.