Cambios por venir en la frontera norte

El miércoles de esta semana hubo otra visita de dos secretarios de Estado de los Estados Unidos, más una asesora directa del presidente Biden, a México para reunirse con sus contrapartes y tratar temas de la frontera, y se fueron sin mucho anuncio público de lo que se conversó. Pero no es difícil saber a qué se debió la visita, ni lo que se acordó, por lo menos en grandes rasgos.

Hubo un periodo de cruces irregulares de la frontera aún más álgido de lo normal a principios de diciembre, que llevó al cierre de múltiples cruces fronterizos por parte del gobierno de Estados Unidos, lo cual tuvo un impacto notable en la economía mexicana. Al mismo tiempo, las imágenes de las llegadas de grupos grandes de migrantes a la frontera, sobre todo a puntos de cruce inusuales, generaron notas de primera plana y tensión política en Estados Unidos.

Pero más importante que eso, negociaciones en el Congreso de Estados Unidos avanzaron rápido a fin de año hacia un acuerdo sobre cambios en la política migratoria en la frontera, como parte de un presupuesto especial que dará fondos a los gobiernos de Ucrania, Israel y Taiwan, así como a las agencias estadounidenses que vigilan la frontera y a países en América Latina que reciben y dan protección internacional a migrantes y refugiados. El acuerdo más difícil de alcanzar para sacar este presupuesto especial tiene que ver con la política migratoria, para tratar de bajar el número de los cruces irregulares en la frontera compartida, sin destruir el sistema de asilo.

Según lo que se ha reportado públicamente, viene una serie de cambios importantes. El primero es alterar los criterios que se usan para otorgar el asilo, que hará más difícil que los migrantes califiquen para la protección internacional si cruzan de forma irregular.

Al mismo tiempo, habría un límite de 5,000 migrantes que podrían ser procesados al día (aún falta saber cómo se contabilizaría esto), y los otros serían regresados a México. Esto es un tema delicado en la relación bilateral, y seguramente fue una parte central de las conversaciones de esta semana, para ver cómo esto podría operar en la práctica y si el gobierno mexicano aceptaría la propuesta.

Además de esto, hay negociaciones alrededor de la expansión de una autoridad que tiene el gobierno de Estados Unidos que se llama “remoción expedita”, que permite un proceso de deportación más rápido para los que no califican para el asilo.

Finalmente, hay jaloneos sobre el alcance de la facultad de permiso humanitario (que se llama “parole” humanitario en el código federal), que autoriza al gobierno estadounidense a otorgar permisos de entrada a ciertas personas por razones humanitarias. La administración Biden ha usado esta facultad para generar vías legales de entrada para ciertas nacionalidades, así como para los que solicitan asilo en las puertas de entrada del país, pero los Republicanos quieren acabar con esta figura.

Todos estos cambios no tocan los temas de fondo de la migración en Estados Unidos, que tiene que ver con una demanda laboral importante, que tiene a una población de más de 10 millones viviendo en el país sin documentos (y quizás mucho más ahora), un sistema de asilo esclerótico que es incapaz de tomar decisiones y una frontera porosa. Empieza a tocar el último punto, pero no los otros tres, que son igualmente claves para el futuro del país. Sin embargo, es posible que se necesite un acuerdo en este momento que baje los números llegando a la frontera de forma irregular y que permita que después se toquen los otros tres temas claves de forma más racional y holística. El peligro es que podrían terminar con un acuerdo que sólo toque uno de los cuatro puntos y nunca regresar a negociar los otros tres. Y es casi seguro que un acuerdo sobre control fronterizo será lo primero que vote el Congreso estadounidense regresando de vacaciones, con consecuencias para México y la frontera compartida con Estados Unidos.