Ayotzinapa: avances, mentiras y ocultamiento

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha realizado un trabajo extraordinario en México con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En esta última fase sus dos integrantes, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, presentaron su VI Informe el pasado 25 de julio. Sus hallazgos nos dejan un panorama muy preocupante de lo que es nuestro país en materia de justicia, Estado de derecho y poder.

La desaparición forzada de los normalistas cumple ya casi nueve años desde el 26 y 27 de septiembre de 2014 y todavía no llegamos a la verdad completa, todavía no se puede cerrar el caso y saber qué destino tuvieron esos jóvenes que sufrieron la peor cara de un Estado que los desapareció, y que sigue instalado en la mentira y el ocultamiento de esa tragedia. El emblemático caso no es el único, es uno más de miles y miles de expedientes de violencia, pero quizá sí sea el caso que se ha investigado con más profundidad gracias a la intervención de instancias internacionales como el GIEI. Hoy se pueda tener una historia real de lo que sucedió. Sin embargo, es una historia incompleta y plagada de impunidad, porque todavía la "mentira y el ocultamiento" impregnan a las instituciones del Estado, sobre todo a las fuerzas armadas y a los aparatos de inteligencia. En esta investigación del GIEI hay: "hallazgos, avances, obstáculos y pendientes".

En los hechos el GIEI dice que todas las corporaciones de seguridad del Estado, policías municipales, ministeriales, estatales, federales, las fuerzas armadas, el C4, y el Cisen, estuvieron implicadas y presentes en los acontecimientos; pero no sólo conocieron de forma pasiva lo que pasó, sino que participaron activamente, se comunicaron entre sí desde los niveles municipales hasta lo más alto de la pirámide del poder y, lo más grave, fue que estaban en una abierta relación de complicidad con los grupos del crimen organizado. Hubo comunicación fluida y movimientos permanentes de todas las fuerzas de seguridad y del crimen en la desaparición forzada de los 43. A través de los registros de las telecomunicaciones el GIEI pudo ubicar en tiempo real estos movimientos y sus comunicaciones; ahí están los nodos que se identificaron y sus triangulaciones. El VI Informe establece que hubo dos condiciones para explicar los hechos: una es la relación entre crimen organizado y autoridades y, la otra, es una visión de contrainsurgencia que generó el estigma (esa marca moral negativa) sobre los jóvenes como actores peligrosos. No hay ninguna evidencia de que los normalistas estuvieran coludidos con el narco, en cambio sí hay muchas pruebas de la colusión entre autoridad y narcotráfico.

El GIEI decidió terminar su participación en México porque, entre otras cosas, consideran que llegaron al límite de lo posible y que ya no pueden avanzar porque las fuerzas armadas ocultan información, porque no se cumplen las órdenes del presidente de la República para entregar los expedientes faltantes. Hay una resistencia feroz para que se pueda llegar a la verdad completa sobre dónde están los jóvenes normalistas. Si AMLO es el comandante supremo de las fuerzas armadas y tiene la voluntad de cumplir su promesa de llegar a la verdad del caso, ¿cómo entender la mentira y el ocultamiento de los militares? ¿AMLO no puede o no quiere? Sin duda, esta situación sería una oportunidad de oro para demostrar que las acusaciones sobre la militarización del país no tienen sustento, porque su mando es civil, pero no parece que se vaya a cumplir la promesa.

Se señalan otros obstáculos, como el excesivo formalismo y la burocratización del sistema de justicia. El GIEI deja recomendaciones, pero el futuro es poco alentador. Ahora la responsabilidad será de la fiscalía, pero en las condiciones en las que se encuentra esa institución, sería iluso esperar que resuelva el importante tramo que le falta a este caso. Se necesitaría una fiscalía comprometida y autónoma de las redes de intereses y de los poderes fácticos, lo cual está lejísimos de la realidad existente. Lo que hay es una mentira institucionalizada y transexenal. La verdad última del caso quedará para la historia…