Rebelión contra los canallas

Un muy interesante episodio se vivió en la Cámara de Diputados estos días, donde se vieron alianzas tácticas impensables y rebeliones de los unos contra los mismos alrededor de una iniciativa cupular para reformar atribuciones al Tribunal Electoral.

Hubo una implosión en Morena y en el PRI ante el rechazo de los legisladores a las acciones de los líderes de los partidos, y se asoma una fractura en la Alianza Va Por México porque la dirigencia del PAN, que también enfrentó resistencias internas, vio el costo político que les estaba causando una imposición que viola el principio básico de la democracia, el respeto por los derechos de las minorías y decidió retirar su apoyo a las cúpulas.

Fue un detonante. Horas después, los líderes de los partidos en San Lázaro pusieron en pausa la propuesta.

El deseo de modificar las atribuciones del Tribunal Electoral y reducir su capacidad de contrapeso, provino de rencores inconfesables y la ambición de las dirigencias de los partidos, que no son bloques homogéneos, para hacer lo que se les pegara en gana sin contención judicial.

En el primer caso, no querían que el Tribunal Electoral se metiera en los asuntos internos de los partidos políticos salvo aquellos señalados específicamente en la Constitución, lo que se traducía en el intento cínico de los dirigentes de Morena, Mario Delgado, y del PRI, Alejandro Moreno, para prorrogar su liderazgo más allá de lo que establecen los estatutos de los institutos, que habían sido rechazadas e impugnadas por sus militancias ante los órganos electorales.

En el segundo caso, querían limitar las facultades del Tribunal para establecer acciones afirmativas que benefician a las minorías y grupos vulnerables, y hacen efectiva la paridad de género, como recientemente sucedió con la obligación de que fuera una mujer quien presidiera el INE.

Los partidos estallaron por dentro, como dibujó la diputada morenista Irma Juan Carlos, que detalló que más de 90 diputados -dos terceras partes de su bancada- y del PRI, el PT y Morena, acompañados desde afuera de San Lázaro por organizaciones no gubernamentales y expertos, anunciaron que no apoyarían la iniciativa porque afectaba a los grupos minoritarios y minorías, como indígenas, migrantes y la comunidad LGBTQ+, al limitarles la protección que el Tribunal Electoral les dio por años.

Los líderes de los partidos, respaldados por la Junta de Coordinación Política, el órgano rector de la Cámara de Diputados, se mantenían aferrados a sacar adelante su pretensión, que nació de un grupo de trabajo para examinar las funciones del Tribunal, creado a principio de año.

Dos meses y medio después, de la mano de Ignacio Mier, presidente de la Junta, Morena presentó la iniciativa de la discordia. El golpe de mano provocó la explosión y la implosión en la Comisión de Puntos Constitucionales, a donde se turnó para su análisis.

La sesión para discutir el dictamen, programada para el 29 de marzo, fue suspendida, y así sucedió repetidamente ante la creciente protesta contra la intentona del liderazgo de Morena, en amasiato con el PRI, que originalmente también fueron apoyados por los líderes del PAN y el PRD. Sólo Movimiento Ciudadano se mantuvo desde un principio en contra de la iniciativa.

Esta semana, el proyecto de dictamen naufragó, y para rescatarlo Mier propuso una revisión que debió haberse votado el miércoles.

Tampoco fue posible hacerlo, no ante la falta de consenso, sino ante el rechazo de decenas de legisladores, subrayando una de las paradojas más grandes de la actual legislatura: los adversarios en todos los temas, tanto en las cúpulas como en las militancias, se unieron y dividieron en dos bloques inspirados en diferentes razones, el control caprichoso de los autócratas líderes, y el rechazo rabioso de las militancias en beneficio de la sociedad y, también, contra el intento de los dirigentes de perpetuarse en el poder hasta la elección presidencial, que les permitiría controlar las prerrogativas, repartir las candidaturas y comprar apoyos y lealtades.

La Junta de Coordinación Política estuvo discutiendo formas para buscar apoyos para el dictamen, pero incluso en ese órgano, que es donde se concentra el poder en San Lázaro, comenzaron a derrumbarse los acuerdos desde el miércoles.

La señal fue el hecho que el coordinador de la bancada del PRD, Luis Espinosa Cházaro, se salió de la reunión por no compartir lo que pretendían incorporar en un nuevo dictamen. La Comisión de Puntos Constitucionales sumaba hasta este jueves tres días consecutivos sin poder reunirse ante la falta de los votos para sacar adelante la iniciativa y enviarse al pleno.

No se recuerda un proyecto de ley tan controvertido, en el sentido de que no ha sido una confrontación o diferencia entre partidos, sino dentro de ellos mismos.

La principal división estuvo en Morena, pero la fractura geoestratégica fue en la coalición Va Por México, formada por el PAN, el PRI y el PRD, que estaban alineados a los intereses de Moreno, que quiere atrincherarse en el tricolor hasta 2024, porque de no aprobarse esta reforma, tendría que acatar el fallo del Tribunal Electoral y dejar la presidencia del partido.

Lo extraordinariamente bizarro es que al ir juntos los tres partidos de oposición con Morena, rompieron el compromiso de una moratoria consitucional -cuya finalidad es sabotear cualquier iniciativa de ley que beneficie al presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que resta del sexenio-, suscrita en junio del año pasado por lo más ruín de la condición humana: el interés particular sobre el interés colectivo. La democracia funciona al revés, el interés de la mayoría sobre el del individuo, y se apoya con conceptos de segunda generación democrática, como los contrapesos.

La protesta generalizada y creciente dentro y fuera de San Lázaro ante sus intentonas pudo frenar el golpe. Delgado y Moreno siguieron buscando hasta el último momento salvaguardar sus proyectos personales. Despreciables políticamente, traidores al orden social democrático y con un enanismo cada vez más evidente, no pudieron lograr su cometido. La rebelión contra los canallas reivindica a la política, pero la batalla no ha terminado.

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