DOS PÁJAROS DE UN TIRO
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DOS PÁJAROS DE UN TIRO
Durante “la mañanera” del pasado jueves, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gobierno Federal compraría los estadios de beisbol Héctor Espino y Tomás Oroz Gaytán, dijo que el dinero por la compra debe de ir directamente al sector salud y al Fondo de Pensiones del Isssteson.
Así que con esto alguien que se pondrá contento será el maestro Pedro Ángel Contreras, director del Instituto, que recibe una bocanada de oxígeno en las finanzas, lo que también es una buena noticia para jubilados y pensionados.
De los 1,057 millones de la operación, deberán entrar buena parte en las arcas de la dependencia, al igual que a la Secretaría de Salud que encabeza Enrique Claussen, para apoyar a algunos hospitales.
Por lo que respecta a los dos inmuebles deportivos, López Obrador dijo que serán escuelas de formación para deportistas y que contarán con instalaciones de esparcimiento, además de contemplarse la construcción de plazas comerciales, para lo cual invitará a la iniciativa privada, lo que suena interesante.
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CONSEJO OPACO
Reportan que no andan muy bien las cosas por rumbos del Consejo Ciudadano del Transporte, donde la opacidad se ha convertido en el sello de la casa, como lo demuestran las sanciones que tiene pendientes.
Dicen que el CCT tiene multas por casi 200 mil pesos por parte de organismos de transparencia, ante el manejo irregular de información, pues han realizado estudios que no transparentan.
No menos grave es que también se reporta que trabajadores de ese organismo no cuentan con seguridad social, llámese IMSS, Isssteson, lo que no debería ser ningún problema, con los recursos que se manejan ahí.
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RARA ESTRATEGIA
El gobernador de Baja California, Francisco “Kiko” Vega, no ha recibido de parte del Congreso de esa entidad la “Ley Bonilla” para que sea publicada en la gaceta y sea un acto consumado.
Dicha ley amplía el período del gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla, quien de estar contemplado para gobernar por dos años, ampliaría su mandato a cinco tras la polémica aprobación del legislativo de ese estado.
El detalle es que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN ya solicitó su publicación para que el asunto pase a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permitan entrar también varias controversias de partidos políticos y de Ayuntamientos de Baja California.
El gobernador “Kiko” Vega ya señaló que, toda vez que reciba la ley, la publicará bajo protesta, por lo que está raro el asunto o estrategia, ya que el Congreso controlado por el PAN aprueba fast track y en lo oscuro la extensión del mandato de Bonilla… y ahora no envían el documento para publicarse.
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¿APLICARÁN LEY EN BÁCUM?
Mientras que el alcalde de facto en Bácum, Francisco Villanueva, dice que los servicios operan con normalidad, que hay gobernabilidad y que sólo por orden judicial dejará el puesto, pronto podría recibir malas noticias.
Por su parte, Benita Aldama, que fue aprobada por el Congreso del Estado, dice que ella es la alcaldesa y hasta sostiene reuniones afuera del Ayuntamiento, pero para efectos prácticos no está operando.
Aunque en los próximos días podría haber noticias, al trascender ayer que se preparan órdenes de aprehensión para varios funcionarios de ese municipio, entre ellos el citado Francisco Villanueva.
Se habla de que la Fiscalía General de Justicia en el Estado sólo espera la orden de un juez para proceder al menos contra seis funcionarios por los delitos de usurpación de funciones, desacato y mal manejo de recursos públicos.
¿Qué tal?
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VARIOS FRENTES ABIERTOS
La ex titular de Sedatu, Rosario Robles, quien el 8 de agosto está citada para una audiencia con un juez, ya ganó un round al serle otorgado un amparo para no ser detenida al término de la cita, pero acaba de recibir un golpe por parte de otro Juez.
Resulta que la ex funcionaria federal había solicitado que personal de la Auditoría Superior de la Federación no estuviera presente durante la audiencia, lo cual le fue negado, así que seguramente la carpeta y denuncia tiene que ver con la llamada Estafa Maestra.
Por si eso no fuera suficiente, ayer se dio a conocer que la Fiscalía General de la República también investiga a Robles Berlanga por un contrato de 77.8 millones de pesos para aplicar 6 millones 700 mil encuestas de evaluación a los programas de la Sedesol, de las cuales hay evidencia del levantamiento de sólo un 15%.
Mal lucen las cosas para la ex titular de Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto, aunque ya dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que la considera un “chivo expiatorio”.
