¿Qué hacemos con la mariguana?

Si las columnas en los periódicos fueran un indicador de qué tantas posibilidades hay que el Senado legalice la cannabis para uso médico, científico, lúdico e industrial, estaríamos en el umbral de la aprobación de una ley disruptiva, profundamente liberal y, también, altamente polémica. Inspirada por Jorge Alcocer, su coordinador de asesores, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha dado la gran la batalla para que se apruebe este mes, como anunció el Senado que se presentaría el dictamen.

La legalización del cannabis ha sido vista desde ángulos económicos, sociales y de violencia, fortaleciéndose la línea de pensamiento que sostiene que es el mejor camino para reducir la inseguridad. El argumento es lineal: si se legaliza, el crimen organizado perderá los incentivos para luchar por su producto, la mariguana, su poder se verá disminuido, y se someterá a los designios del mercado, enfrentando la competencia de los productores extranjeros de la droga.

El argumento es enarbolado por especialistas. Los homicidios podrían bajar hasta un 80%, ha dicho Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo. Quitar la regulación, ha señalado Juan Francisco Torres Landa, de México Unido Contra la Delincuencia, eliminará el poder del narcotráfico. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, es de quienes más creen la legalización reducirá la violencia. La legalización se encuentra en el programa de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, sin embargo, en los últimos tiempos no se ha mostrado entusiasta. La legalización no es una prioridad, dijo, pero si el Senado lo hace, acatará su decisión.

La discusión sobre la legalización de la mariguana en México tiene años, y era inviable hasta que en Estados Unidos comenzaron a aprobarla. Ya son 23 los estados que lo han hecho, incluido California, el principal productor de mariguana en el continente. El contagio se extendió a México, aunque a diferencia de Estados Unidos, aquí se quiere una ley federal, mientras que allá es estatal.

Salvo que el presidente vuelva a fijar una posición que cambie el humor de los legisladores de Morena, la aprobación vendrá sin que se hayan explorado sus virtudes y defectos sin contaminación política o ideológica. Si se debatiera sin esos vicios, se vería que no hay consenso en el mundo sobre si la legalización reduce o no la violencia.

Evelina Gavrilova, Takuma Kamada y Floris Zoutman escribieron en la edición de enero del año pasado de The Economic Journal, que la legalización de la mariguana para fines médicos en los estados de la Unión Americana que tienen frontera con México, condujo a una fuerte reducción en el crimen violento, del orden del 13%.

Ese porcentaje fue aún mayor en aquellos condados a menos de 350 kilómetros de la frontera. Sus resultados, dijeron, fueron consistentes con la teoría de que la descriminalización de la producción y distribución de la mariguana conduce a la reducción del crimen violento en las mercados tradicionalmente controlados por las organizaciones mexicanas de narcotráfico, que son las que más contribuyen al fenómeno en esa región.

Pero un año antes, Mike Adams reportó en Forbes que funcionarios del gobierno de California afirmaban que la legalización de la marihuana estaba provocando más crímenes. En Sonoma, a unos 100 kilómetros de San Francisco, uno de los condados de mayor producción de vino, Adams registró que los funcionarios locales se quejaban que todo el negocio de la mariguana legal no había hecho nada por la comunidad, salvo el incremento de “invasiones a casas, crímenes violentos y asaltos”. El fenómeno no era aislado.

Lo mismo encontró en otros condados donde la violencia se detonó por la obtención de la mariguana mediante cualquier medio para transportarla a la Costa Este, y venderla en el mercado negro. Como resultado, dijo el jefe de la policía de Sonoma, “los cuerpos se están apilando”.

Adams recordó que no era la primera vez que la mariguana legal había sido asociada con un incremento en crímenes violentos. En 2017, el entonces procurador Jeff Sessions, dijo que la legalización de la venta de mariguana en estados como Colorado –uno de los ejemplos más utilizados en México para reforzar el argumento de la legalización-, era culpable de la violencia en algunos de los suburbios de sus ciudades.

En su estudio, Gavrilova, Kamada y Zoutman argumentan que al legalizar la mariguana, se descriminaliza de facto el consumo.

La diferencia principal entre los estados que la permiten para uso medicinas, no es su disponibilidad sino el origen de la droga. Los estados que tienen leyes, explicaron, permiten la producción local de la mariguana dentro del mercado de Estados Unidos y disminuyen la barrera para entrar en él, creando una competencia con los cárteles de la droga mexicanos. En el reporte de Adams, el comisionado de Agricultura de Sonoma dijo que los problemas de violencia no se ubicaban en aquellos lugares donde estaba legalizada la mariguana, sino donde había prohibición.

Los argumentos establecen una correlación entre la apertura del mercado con la disminución de la violencia, pero expertos estadounidenses han advertido que las experiencias en otros países no pueden trasladarse a México por los problemas de violencia, impunidad, bajos ingresos e inseguridad que no tienen Estados Unidos, Holanda o Canadá. La debilidad institucional y la corrupción agudizan las diferencias.

Este es, quizás, el ángulo más importante soslayado, al compararse naciones cuyas condiciones socio políticas son asimétricas. Esa visión, dice una experta mexicana, no visualiza que las organizaciones criminales se enfocan a los mercados ilícitos y mutan de mercado. Junto con ello, otro aspecto ignorado es que la mariguana no es el detonador de la violencia en México, sino la cocaína y las metanfetaminas. De aprobarse, que nadie se sorprenda si la violencia no baja.