Para qué son buenos los expresidentes

Las cosas pintan tan mal para el presidente Andrés Manuel López Obrador en el número creciente de fallecimientos por Covid-19 que hacen trizas su chocarrería de lo bien que lo ha hecho su Gobierno y como consecuencia la profundización de la crisis económica, que se comió sus palabras y presentó la solicitud para que se lleve a juicio político a cinco expresidentes.

Lo necesita para hacer una campaña electoral paralela en 2021 y recrear el rencor al pasado que le granjeó 30 millones de votos en la elección presidencial que le entregue una nueva mayoría en el Congreso.

Es absurda la consulta por definición, porque pide a la Suprema Corte que le autorice hacer su trabajo.

Para eso se le paga, para que el mandato que tiene lo asuma. Pero el Presidente no es un ignorante ni un irresponsable. Plantearla es una estratagema política para seguir ganando tiempo, porque el yo acuso de Macuspana quiere enjuiciar públicamente un sistema económico al que llama “el periodo neoliberal” y vincularlo con corrupción, que le sirva como guía en su narrativa electoral.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, revisará la petición para determinar si la pregunta propuesta para la consulta viola o no los derechos humanos de los expresidentes. Pero da igual. El propósito político está alcanzado.

Revivirá los fantasmas pasados, como “el innombrable”, como llamaba a Carlos Salinas, con quien comienza el ajuste de cuentas políticas, al afirmar que en su Gobierno comenzó la desigualdad y la concentración “desmesurada” de la riqueza, lo que puede ser criticable, pero no constituye un delito.

Tampoco lo es la privatización de bienes públicos, que también le recarga a Ernesto Zedillo, en la que participaron algunos de los cercanos colaboradores del hoy Presidente y se beneficiaron varios empresarios cercanos a él. Tampoco es delito.

“Los males señalados”, tiró el dardo, “no ocurrieron de manera fortuita, sino que fueron consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y popular”.

Una vez más, se puede debatir en lo político, pero no penalmente. Ese modelo no causó desigualdad, por cierto, pero sí produjo crecimientos mediocres. Está peor con López Obrador, donde el crecimiento venía en picada en 2019 y se profundizó con la pandemia, causando probablemente mayor desigualdad y pobreza. Del crecimiento económico, ni hablar: el peor en la historia.

“Las más altas esferas del poder público y específicamente quienes ejercieron la titularidad del Poder Ejecutivo”, añadió López Obrador, “se empecinaron en estrategias de seguridad violentas, inhumanas y contraproducentes”. En su cabeza se encuentran Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Difícilmente podrá vincular a Calderón con actos que violaran los derechos humanos, porque a diferencia de él, no reconoció haber incurrido en delitos a favor de criminales. No puede decir lo mismo Peña Nieto, cuyo Gobierno armó paramilitares en Michoacán para aniquilar a Los Caballeros Templarios.

En todo caso, nadie hizo lo que López Obrador, de apoyar a los cárteles de la droga, al no enfrentarlos y decir que son menos malos que los delincuentes de cuello blanco. Es decir, un peso vale más que una vida.

A Vicente Fox le pasa la factura por el desafuero que intentó contra López Obrador cuando era jefe de Gobierno en la Ciudad de México, al intervenir “indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición”, lo cual se podría echar en cara también al actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, a quien se responsabiliza del fraude electoral de 1988, de donde surgió Salinas, a quien dice en la solicitud de consulta que fue producto de un proceso ilegal.

Dice que Peña Nieto recibió dinero ilegal para su campaña presidencial, apoyándose en la denuncia de hechos de Emilio Lozoya que, como el mismo López Obrador ha señalado, tendrá que probar sus dichos. No obstante, la petición para la consulta da por sentado que sí hubo dinero ilegal en la campaña y le abre la puerta con la pregunta propuesta para la consulta para que se les enjuicie por la presunta comisión de delitos “durante y después de sus respectivas gestiones”.

Como Lozoya también imputó a Salinas por haber hecho cabildeo a favor de empresas petroleras -lo que no es delito- durante la negociación de la reforma energética, también hay una dedicatoria contra él.

El extenso alegato que hace López Obrador borra la presunción de inocencia, como cuando se refiere al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sujeto a proceso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, para responsabilizar a Calderón de omisiones políticas.

O al asumir que durante cinco gobiernos, lo que guió a los expresidentes fue la corrupción y las complicidades con el poder económico. Cuando le llegue el momento a López Obrador, la opacidad en las adjudicaciones y la presunta corrupción de su familia, será un lastre peor que el que existe hoy en Peña Nieto, el creador del tsunami electoral de 2018 por todas las acusaciones de inmoralidad contra su Gobierno.

El ministro Aguilar no revisará las hipótesis sobre lo que deparará a López Obrador cuando deje el poder, sino la constitucionalidad de la pregunta, que podría analizar en el contexto de la exposición de motivos.

Ahí ya los acusó López Obrador y los condenó al descrédito y desprecio. No necesita políticamente más, salvo seguir remachándolo. Si la Suprema Corte lo apoya, le facilitará la cobertura legal para que se monte en la boleta electoral del 21. Si declara inconstitucional la consulta, da igual. Convirtió a los expresidentes en la turbosina que necesita para que

Morena vuele hacia la mayoría en el Congreso y que atranque la vigencia de su proyecto y blinde su futuro. Comerse sus palabras, bien vale un voto.