La mentira de la Guardia Nacional
El parlamento abierto es una práctica democrática que en México sirve para la propaganda y la justificación política para que los legisladores de Morena acaten las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este tipo de violación al equilibrio de poderes, por citar un ejemplo actual, está generando demandas y controversias constitucionales contra el presidente Donald Trump por querer construir un muro en la frontera con México dándole la vuelta a demócratas y republicanos que no le quisieron dar presupuesto suficiente para ello. En Washington, los legisladores son independientes del Ejecutivo, pero en México, los senadores de Morena son un brazo de López Obrador y actúan sin prurito, vergüenza o decoro. La creación de la Guardia Nacional es el ejemplo vivo de las falacias e indignidad que se viven en estos tiempos de regresión democr&aa
Durante las sesiones públicas para escuchar el abanico de voces sobre la creación de la Guardia Nacional, todos los partidos y gobernadores de oposición, así como los expertos, argumentaron en contra del control militar en la seguridad pública. Hay consenso para utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas policiales mientras se reconstruye a las policías, pero bajo el criterio que tendrían que estar subordinados a un mando civil. El proyecto del dictamen de 250 páginas que está circulando desde el domingo es una burla, con una redacción que ni siquiera pretende ser sofisticada o ambigua que permita diferentes interpretaciones jurídicas.
El artículo quinto transitorio, por ejemplo, establece que en tanto persista la emergencia de violencia e inseguridad en el país y por un plazo máximo de cinco años, la Guardia Nacional será adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional para efectos de la programación y ejecución de funciones en materia de seguridad, además de la elaboración de políticas, planes y estrategias en materia de seguridad pública. No viene en el proyecto del dictamen, pero sí en el organigrama que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una de sus comparecencias públicas, que en el centro del modelo aparece el mando militar sobre la autoridad civil.
El dictamen hace maromas: “El carácter civil de la Guardia Nacional viene determinado por su dependencia de la secretaría del ramo de la Seguridad Ciudadana, así como por su dirección civil”. Es falso, como se aprecia en el quinto transitorio previamente citado, donde se establece que el nuevo cuerpo paramilitar responderá a Lomas de Sotelo, no a Constituyentes. Las contradicciones van acompañadas de galimatías a lo largo de la ley de marras. “Si el régimen propio de las fuerzas militares regulares no se concilia con las funciones propias de las autoridades civiles, el régimen especial de las policías con un diseño de disciplina militar como el pretendido, sí logra esa conciliación”, señala. “Consideramos que ello reduce significativamente el riesgo para los derechos humanos que puede implicar la incursión de tropas regulares de defensa nacional en tareas de seguridad pública”.
Considerar es una reflexión que en ninguna parte del texto del dictamen está sustentada. ¿Qué hacen pensar al Presidente y a Morena que por ser un nuevo Gobierno cambiará la doctrina, entrenamiento y visión de las Fuerzas Armadas? El texto es tramposo. Cuando se refieren a “tropas regulares”, parecería que fueron sólo estas las que se utilizaron durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ciertamente emplearon cuerpos de élite para operaciones quirúrgicas, pero sobre todo Policía Militar, que es lo que se volverá a emplear.
De hecho, la Guardia Nacional, sin tener ese nombre y con los uniformes actuales, está operando de facto con tres brigadas de infantería de la Policía Militar desde el inicio del sexenio. La Primera Brigada está en seis municipios mexiquenses: Atizapán, Chalco, Chimalhuacán, Metepec, Naucalpan y Tehuacán. La Segunda en otros siete municipios de esa entidad: Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nicolás Romero, Texcoco, Tenancingo y Zumpango. Y la Tercera en otros seis: Ixtapaluca, Jilotepec, La Paz, San Felipe del Progreso, Tlalnepantla y Zinacatepec. En total hay mil 235 soldados desplegados en la entidad, que sin ser la más violenta, su cercanía con la Ciudad de México, donde se concentran los poderes económico y político y los medios de comunicación nacionales, hace que su impacto se multiplique.
Falta por desplegar a militares en el resto de las 265 regiones de alta incidencia delictiva, como fuerzas de tarea de reacción rápida para combatir la delincuencia del fueron común. O sea, nada preventivo, ni nada que se enfoque al combate de los cárteles de la droga. El proyecto del dictamen sólo habla de seguridad pública y delitos del fueron común, que representan alrededor de 92% del total de los delitos, pero a diferencia de anteriores gobiernos, los cárteles de las droga tendrán una vacación sexenal.
Ni los perseguirán físicamente ni hay nada previsto para erradicar sus plantíos de drogas ni canales de distribución y comercialización ni sus ingresos y finanzas. La regresión es a los años previos a 1985, cuando el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, forzó al presidente Miguel de la Madrid a pedir resultados a su secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad.
El avasallamiento de López Obrador con sus altos índices de popularidad y la abyección de los legisladores de Morena, apuntan a la aprobación de la Guardia Nacional como la desea el Presidente, al mando de militares. Este modelo forma parte de un viejo proyecto de López Obrador, no necesariamente como el cuerpo policial que se está planteando, sino para cooptar a las Fuerzas Armadas, de cuyo propósito se hablará en un próximo texto.
