El derecho de estar informado

La exasperación del Presidente por la “casa gris” tendrá nuevos capítulos en los días venideros y, la verdad, es que va a ser difícil que se pueda cambiar el curso del río que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y su grupo de duros escogieron. Para enfrentar las revelaciones periodísticas sobre una casa donde vivió su hijo en Houston, derrumbando su discurso de austeridad y privilegios, el camino escogido fue la polarización y el enfrentamiento, que ha sido un fracaso. El grupo fue abierto a personas con mayor oficio e inteligencia, convocadas para encontrar una salida a la peor crisis del sexenio, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el poderoso secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, y el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

Tras una semana de nueva estrategia en la búsqueda de controles de daños, el resultado también fue negativo. La mala administración de la crisis, con documentos inventados en Palacio Nacional, contribuyó al desastre. Peor aún, aportó nuevos elementos para ampliar las investigaciones periodísticas. Consecuentemente, el enojo de López Obrador y sus ataques a medios y periodistas. Dos momentos mostraron su frustración, cuando se le quebró la voz y se le escurrieron lágrimas al hablar de sus hijos -algunos piensan que fue teatro, pero sus hijos sí son, en efecto, lo que más le afecta- y la exclamación de “con las familias no”, como reclamo belicoso para que no se difunda nada de sus hijos.

Pero el Presidente no tiene razón. El derecho a estar informado es una de las razones por las que diseñó como eje de su gobierno a la mañanera, donde uno de los segmentos más promocionados por él, es que es el vehículo para informar de manera alterna a los medios. Ese derecho a saber que tanto pregona, no lo aplica cuando quienes buscan que la sociedad mexicana esté informada, como es el caso de la “casa gris”, de las inconsistencias de su discurso de austeridad y la posibilidad, porque aún no está claro, si se trató o no de un conflicto de interés, o si existe o no un acto de tráfico de influencias y corrupción.

Lo que el Presidente alega es el derecho a la privacidad de sus hijos, que tendría validez de no ser porque sus hijos mayores han tenido actividades públicas, al haber trabajado dentro de las estructuras de Morena durante campañas electorales y, en caso de su segundo, Andrés, intervención directa en asuntos de gobierno. El último botón de muestra fue su inclusión en el grupo ampliado en Palacio Nacional.

Los políticos, como las celebridades, saben o deberían saber que el papel que juegan dentro de la sociedad los lleva a un mayor escrutinio público y hay una pérdida de la privacidad. En el caso de las celebridades, sin esa exposición mediática tendrían menos presencia pública, que repercute en menos fama y éxito. En el caso de los políticos, en particular un presidente, dado el impacto que tienen sus decisiones sobre los gobernados, la lupa es mucho más grande que con el resto de las figuras públicas y el trabajo reporteril sobre sus acciones más intenso. Esto no es sólo con López Obrador. Lo fue con sus antecesores y lo es con líderes en otras naciones.

La falta de entendimiento del Presidente y su grupúsculo de duros que sólo provocaron que se hundiera más en el pantano, canceló la posibilidad de haber minimizado la revelación de la “casa gris” y la opción, en caso de que el tema siguiera pataleando, como sucedió en un principio, ordenar a la Secretaría de la Función Pública una investigación. Se habría quitado esa papa caliente del cuerpo y habría tenido en ella, no en su despacho, un fusible para quemar. Pero lo que detonaron fue un mayor trabajo reporteril sobre la “casa gris” y, gradualmente, sobre otros temas que afectan, en el ánimo al menos por ahora, del Presidente.

Querer regresar al ámbito privado lo que fue público y tiene incidencia sobre su gobierno, ya no es posible. José Ramón López Beltrán, sujeto central en el escándalo de la “casa gris”, coordinó la última campaña presidencial de su padre en el Estado de México y coincidió con la campaña para gobernadora de Delfina Gómez. Todavía en julio pasado, López Beltrán participó en actos públicos de Morena en esa entidad donde se reestructuraron los programas sociales.

Su hermano Andrés, sobre el cual la semana pasada hubo abundante información en la prensa sobre presuntos tráficos de influencia -que deberían ser materia de investigación en la Función Pública-, trabajó con Octavio Romero Oropeza, hombre de todas las confianzas de la familia y actual director de Pemex, de la organización de la estructura electoral y la defensa del voto en las elecciones de 2012. En el actual gobierno siguió trabajando de manera informal en las estructuras electorales con el entonces coordinador de delegados, Gabriel García Hernández, y es reconocido en diversos sectores como un eficiente operador político de su padre.

El Presidente puede pelear a favor de la privacidad de sus hijos, del menor de edad y de Gonzalo, quien pese a haber tenido actividades políticas y electorales en 2012, guarda un bajo perfil y no se conoce de ninguna participación en actividades políticas. Pero ellos dos no están en el contexto de lo que planteó el Presidente, sino José Ramón y Andrés. Sí está en el interés público saber con detalle lo que han hecho al amparo de la Presidencia de su padre, como también conocer si es un tema de percepciones únicamente que no tiene ramificaciones en conflictos de interés o corrupción.

La confrontación con la prensa no es el camino, sino la transparencia. La estrategia que siguen no ayudará a darle la vuelta a la “casa gris”, sino al contrario, desdoblará en otras filtraciones e investigaciones, como está empezando a suceder, y en más escándalos, en más crisis y más enfrentamientos.

Raymundo Riva Palacio

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