Diez preguntas para Gertz

La contrarreforma judicial que el fiscal Alejandro Gertz Manero infructuosamente, hasta ahora, quiere imponer, tiene como justificación que el nuevo sistema penal acusatorio que opera en México desde 2016, fracasó y provocó más violencia. Quienes tienen memoria legal dicen, empero, que Gertz Manero recicló reformas que primero quiso que se legislaran cuando era secretario de Seguridad Pública del presidente Vicente Fox, y después, como diputado de Movimiento Ciudadano. En ese entonces, el nuevo sistema penal acusatorio sólo vivía en el deseo de algunos. Hoy es la justificación para la Ley Gertz Manero, que no es sólo una regresión, comentó un observador, sino algo inédito porque mucho de lo que propone, jamás ha existido en México. O, se puede agregar, en ningún país salvo las dictaduras.

Rodolfo Félix Cárdenas, que tiene memoria legal y fue procurador de Justicia en el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, circuló un documento de 35 páginas en donde desnuda la maniobra de Gertz Manero al enmarcar su contrarreforma en el contexto donde la violencia y la inseguridad que abaten al país podría generar apoyo popular a la mano durísima que propone.

En ello ve “la destrucción de los derechos mas elementales de todo justiciable”. Y agregó: “No se trata de anteproyectos de reforma legal para el beneficio de los ciudadanos, para la sociedad mexicana, sino para que sufran. Para que con la mayor facilidad el ciudadano y el extranjero en México pierdan su libertad, su patrimonio, su proyecto de vida, su familia”.

Cárdenas le hace 10 preguntas a Gertz Manero a partir de sus iniciativas de ley:-

*¿Se puede pensar con seriedad, que cuando alguien es denunciado y lo investiga un juez, que después lo va a procesar y dictará su sentencia, tiene la mas mínima posiblidad de una defensa?

*¿Se puede pensar con seriedad, que cuando alguien es denunciado y la propuesta de Anteproyecto de un Nuevo Código Procesal exige de su abogado defensor que lo delate, va a tener en verdad un abogado a su lado que le defienda?

*¿Se puede pensar con seriedad, que el libre ejercicio de la profesión como abogado de defensa penal pueda tener realidad, cuando se le conmina a delatar a su defendido y se le amenaza con procesarlo si al argumentar al ministerio público le parece que no lo hace con verdad?

*¿Se puede pensar con seriedad, que el derecho a la no autoincriminación sea una realidad si, cuando es invocado por el acusado en juicio este se activa en contra del propio acusado produciendo prueba en su perjuicio si decide no declarar?

*¿Puede alguien pensar con seriedad que una persona denunciada por cualquier delito pueda tener defensa si no tiene acceso a conocer los datos de prueba que existan bajo la idea del expediente cuasi secreto, porque ahora será solo lo que el ministerio público le quiera mostrar por considerar que ello es lo que le relaciona en la imputación y con ello tratar a todas las personas y a todos los delitos como en su origen se trataba a la delincuencia organizada en este país?

*¿En verdad, desaparecer a los Jueces de Control –que tutelan derechos frente a actos u omisiones del ministerio público– y al Tribunal de Enjuiciamiento previstos como órganos con competencia distinta, para sustituirlos por un mismo juez que investiga, procesa y sentencia bajo el argumento de la compactación y celeridad el proceso, garantiza un juicio justo?

*¿Puede existir defensa en verdad, cuando no solo la persona es investigada, procesada y juzgada por el mismo juez, sino que se presume su culpabilidad?

*¿Puede existir defensa en verdad, cuando no solo la persona es investigada, procesada y juzgada por el mismo juez, sino que ello se hace a puerta cerrada evitando la publicidad?

*¿Puede la policía además de investigar ser parte en el proceso penal con derecho a ofrecer pruebas y, como parte procesal a intervenir en el proceso?

*¿Puede evitarse –como sucedía en ocasiones antaño–, que eliminando ahora la argumentación oral en una clausura y exigiendo de las partes que su alegato sea escrito –por oficialía de partes– para que el Juez días después se dicte fallo –ya no en 24 horas y de forma oral en audiencia–; que el juez sea llamado para recibir instrucciones de qué hacer, de cómo resolver; que sea visitado; que reciba un mensaje –amenaza– para guiar el sentido de la sentencia (aunque la propuesta ya le pone desde la investigación en posibilidad de tener la sentencia y guardarla en el cajón para ese momento) pues de no considerar que sea así, podría ser sometido a un proceso por un “tribunal especial” conformado por jueces de ascendencia política?

El alegato central del documentado escrito es la desaparición de los derechos y garantías de cualquier mexicano o extranjero, que viva aquí o simplemente cruce por el territorio nacional, de las personas físicas, pero también de empresas, industrias, nacionales y extranjeras establecidas en México, que verían desaparecer los derechos de defensa y de imparcialidad judicial. Hace unos días, en su comparencia pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la difusión de los avances de la contrarreforma que no se iba a retroceder en nada ni afectar la libertad y la democracia.

“Que bueno, porque si en su pensamiento está no retroceder en nada, por ser libertad y democracia real, auténtica, estoy seguro que no avalaría una reforma al sistema de justicia penal, como la que se pretende impulsar desde la Fiscalía General de la Nación que, a costa del sacrificio de los derechos humanos, vuelve al Siglo XIX y principios del XX”. Qué bueno, sí, como dijo Cárdenas.

Falta que en los hechos sea congruente con lo que dijo.