Otra ‘verdad’ a velocidad luz

En la versión electrónica del Segundo Informe de Gobierno que entregó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al Congreso de la Unión, bajo el título “Los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa” se lee lo que alguien de mala leche coló para poner en entredicho al presidente Andrés Manuel López Obrador:

“Se constituyó el Comité Científico Asesor como parte de la Comisión para Ayotzinapa con el objetivo de llevar a cabo una revisión exhaustiva de diversas líneas de investigación desde un enfoque técnico y científico. El Comité realizó diversos análisis, entre los que destaca el escrutinio de la red de telefonía de los números involucrados en los sucesos ya conocidos, actividad que implicó la revisión de ‘800 millones de llamadas’, que permiten su georreferenciación respecto de las antenas de telefonía que cubrían el territorio con la finalidad de ubicar zonas de interés, y su relación con los registros de búsqueda de fosas”.

La cifra de lo que supuestamente fue analizado no sólo es demencial.

Contrasta con la cantidad, también descomunal pero 10 veces menor, que un año atrás dio el subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien al conmemorarse el quinto aniversario del crimen (que el próximo día 26 cumplirá seis años), afirmó:

“Se han analizado ‘80 millones de registros’ de llamadas celebradas durante cuatro años, de las cuales 206 mil son llamadas de interés, lo que permitió armar una red de 84 mil líneas prioritarias y 116 números telefónicos…”.

Error o errata en uno u otro caso, el dato es apenas uno de los múltiples ejemplos de la insania con que la 4T cocina una versión distinta a la que nadie ha podido desmantelar y que resume la jurídica pero desafortunada frase del exprocurador Jesús Murillo Karam: verdad histórica, de que los normalistas fueron levantados por policías municipales para entregárselos a la narcobanda Guerreros Unidos y que ésta los asesinó y quemó muchos o todos los cuerpos en el basurero de Cocula.

Si se da crédito al informe presidencial, el estudio de 800 millones de llamadas o registros (¿por qué de “cuatro años” y no cinco, tres, o de las semanas anteriores y posteriores al suceso?) se llevó diez meses hasta su conclusión, el reciente junio: 304 días.

Imaginando que la relevancia del caso impuso una revisión ininterrumpida, más allá del sospechoso número de llamadas, lo que se pretende hacer creer es que se “analizaron” dos millones 631 mil 579 diariamente, 109 mil cada hora, mil 827.4 por minuto, ¡30.4 por segundo!

Pero si timaron al Presidente y es correcto lo dicho por Encinas, los nuevos y raudos “investigadores” fueron capaces de estudiar 263 mil 157.9 registros por día, lo que da diez mil 964.9 por hora, 182.7 por minuto, o (para facilitar, claro, la comprensión y la confianza públicas) tres cada segundo.

Sí, Chucha.

Vaya cuentazo que se cocina para que no haya en estos dos años ni una triste novedad.