Es imposible la consulta

Tan fantasiosa como la rifa del avión que nadie ganará y más inútil que rogar portarse bien a los delincuentes, es la consulta sobre los ex presidentes para demandar que la Fiscalía General de la República le haga favor a la ciudadanía de cumplir con su responsabilidad constitucional, que nada tiene que ver con una descabellada “votación popular”.

De no ser el grotesco aprovechamiento político del tema con miras a las elecciones de 2021, la idea no sirve para nada que se relacione, pero ni remotamente, con la justicia.

Con el sucio comportamiento de pastelazo que han tenido las pandillas extremistas de las mayorías morenista y moreniana en el Congreso y el repugnante chaqueteo de diputados del PT y el PES que quisieron degradar a nivel de letrina la Mesa Directiva, es previsible que la solicitud para que se realice la consulta salga de cualquiera de las dos cámaras.

Mantenidos por el erario para que elaboren leyes, ninguno de esos legisladores las respeta ni ha tenido el valor civil de alzar la voz para recordar que la procuración de justicia no requiere de consulta pública.

Lambiscones, le hacen el juego al presidente López Obrador en el vergonzoso papel de presentar ante la Suprema Corte de Justicia una solicitud y propuesta de pregunta que carecen de sentido.

Porque sería el colmo que el máximo tribunal constitucional “prejuzgara”, es lógico que ninguno de sus ministros anticipe la obviedad de que no prosperará la intentona que tiene ante sí obstáculos infranqueables.

Por ejemplo:

–Se requiere de una denuncia formal para que la Fiscalía cumpla con su “atribución exclusiva” de investigar probables delitos y llevar a los presuntos criminales ante sus jueces.

–En su Artículo 222, el Código Penal Federal establece que tiene el deber de denunciar “quien”, en ejercicio de funciones públicas, “tenga conocimiento” de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, y está obligado a hacerlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia”.

Y ojo:

Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones “correspondientes”.

–Del derecho ciudadano a que se tome en cuenta su parecer, el Artículo 35 de la Constitución mandata:

“No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales”.

Así pues, los “ex” bien pueden alegar en su descargo que han estado siendo sujetos de linchamiento político, con lo que se les ha violentado en su dignidad.

Pero si lo anterior no bastara para demostrar la esterilidad de la consulta y la Suprema Corte apoyara la cacareada monstruosidad, el horno no está para bollos: la economía está por debajo del suelo, y el Instituto Nacional Electoral estima que para organizar sondeo requiere una partida extra superior a “ocho mil millones de pesos…”.