Hachazos al Poder Judicial federal

Carlos Marín

Morena y sus aliados en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados palomearon la iniciativa presidencial de reforma para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y reintegrar 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la nación.

También quieren recortar una suma igual (15 mil millones) al presupuesto de 84 mil 792 pesos que solicitó ese Poder para 2024.

La oposición prepara una contraofensiva judicial (controversia constitucional) para impedir el despojo de los fideicomisos, pero es improbable que pueda frenar el recorte al presupuesto.

En las batallas legales que se librarán lloverán amparos de trabajadores del PJF (¿serán estos los “privilegiados”?).

Seis de los 14 fideicomisos fueron creados para dar cumplimiento a las obligaciones laborales y de seguridad social de miles de servidores públicos y jubilados, cuyos derechos dependen, precisamente, de los fideicomisos.

Los efectos de su desaparición y el tijeretazo al presupuesto serán devastadores.

¿Sólo memoria, o rencor y venganza?:

“Yo soy un damnificado también de los del Poder Judicial. También me destituyeron cuando no querían que participara como candidato a la Presidencia. Era jefe de Gobierno y para que no pudiera inscribirme por antecedentes penales, me inventaron de que yo había violado un amparo…”, dice AMLO.

Su contrariedad ha ido en aumento desde que no consiguió que su amigo ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se mantuviera como presidente de la Suprema Corte dos años más de los que permite la Constitución. Se agudizó con el hallazgo del plagio académico de su amiga ministra Yasmín Esquivel y se ha catapultado a partir de la designación de Norma Lucía Piña Hernández como titular del PJF.

¿Pero qué tan caro es el Poder que junto con el Ejecutivo y el Legislativo representa el constitucional “Supremo Poder de la Federación”?

Este año su presupuesto es 0.9% del Presupuesto de Egresos (se ha reducido desde 2017, cuando representaba 1.4%). El costo en 2023 es de 1.8 pesos diarios por cada mexicana y mexicano, equivalentes a 0.8% del salario mínimo diario.

Como suele ocurrir, los mayores recursos se van en el pago de nómina del personal.

Sin 15 mil millones de pesos, pueden desaparecer más de 60% de los Juzgados de Distrito y cerca de 70% de los Tribunales Colegiados de Circuito; se perderá el 35% de la capacidad laboral, se afectarán más de tres millones y medio de asuntos relacionados con la dignidad de las personas (patrimonio, familia, trabajo y desarrollo), así como los mecanismos de profesionalización para una impartición de justicia de mayor calidad y no se podrán cumplir obligaciones de justicia laboral que implican la creación de al menos 20 Tribunales Laborales y la capacitación de sus integrantes. 

De pilón, adiós a los compromisos del Estado mexicano en su conjunto suscritos en el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá…