Fiscal Uriel, preso Político de la 4T

El levantón falsamente “legal” del fiscal de Morelos retrata el uso faccioso y descarado de la ensoberbecida cuarta transformación.

Al abogado Uriel Carmona se le está cobrando haber sostenido el dictamen de su Servicio Médico Forense, en el sentido de que Ariadna Fernanda López Díaz murió por broncoaspiración motivada por una congestión alcohólica.

La Fiscalía y el gobierno de Ciudad de México, a su vez, inventaron que la joven fue “policontundida”.

De haber perdido la razón Uriel, con idéntica lógica la captura procedería al revés para llevar a la cárcel a la fiscal Ernestina Godoy.

Ariadna murió en la capital y su cuerpo fue tirado en la autopista La Pera-Cuautla el 2 de noviembre pasado.

Lejos de actuar de manera institucional y procurar zanjar las diferencias de criterio sin más apoyo que la ciencia, tanto Godoy como Claudia Sheinbaum ensuciaron el caso desde un principio al darle un sesgo político, afirmando que Carmona estaba “encubriendo” al imaginario asesino.

Hasta la fecha, únicamente las expertas médicas forenses de Morelos (feministas por cierto) detallaron su estudio del cadáver, en que no hallaron un solo indicio de golpes letales, pero las autoridades capitalinas declararon, sin argumentar, que la mujer fue asesinada “a golpes”.

Lo cierto es que la detención de Uriel responde al pleito que el gobernador Cuauhtémoc Blanco, apoyado por Sheinbaum y el presidente de la República, se trae contra el fiscal por la carpeta de investigación que éste le abrió sobre probables ligas con el crimen organizado y que no llegó a proceder porque el mandatario goza de fuero.

Uriel venía capoteando presiones para que renunciara y campañas de difamación para ser destituido, pero el congreso estatal que lo nombró siguió apoyándolo; y el fuero federal y local de que también goza lo ratificó la Suprema Corte de Justicia.

Mientras su casa era sitiada por agentes ministeriales de CdMx y la Fiscalía General de la República respaldados por soldados de la Marina, el funcionario habló con Joaquín López-Dóriga poco antes de salir y entregarse para que no jodieran a su familia.

Dijo haber sorteado intimidantes conminaciones de los ex secretarios de Gobernación Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto López, del ex consejero Jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer Ibarra, y    del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Rabindranath Salazar, y culpó a Sheinbaum y a López Obrador de haber fraguado su captura.

“Se me va a privar de la libertad, de la vida o de mi familia, y todo por proteger a un gobernador que tiene denuncias penales ante el Ministerio Público que yo presido”, acusó.

Pese a que su aprehensión apesta a venganza política, la precandidata presidencial de Morena celebró esta variante legaloide de secuestro asegurando que “no es un asunto político sino de justicia” e insistiendo, sin haberse demostrado, en la patraña del “feminicidio” que su inepta Fiscalía no ha podido demostrar…