En el oprobio, las Fuerzas Armadas

Paradoja tras paradoja: nunca las Fuerzas Armadas, en especial el Ejército, habían sido tan aquilatadas y apapachadas por los gobiernos anteriores a la 4T, pero tampoco fueron tan agraviadas como lo son ahora desde la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República.

Como la charrita del cuadrante con sus complacencias, la comisión del subsecretario Alejandro Encinas, en mancuerna con la Fiscalía especial a cargo del exachichincle del venenoso Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Omar Gómez Trejo, y con las intrigas de uno de los machuchones de Guerreros Unidos convertido en “testigo protegido” (con la clave Juan), Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, inspiraron los ataques y actos de vandalismo en las instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo y el 27 Batallón de Infantería en Iguala, perpetrados el 13 y 14 de septiembre.

Y ojo: los vividores del dolor ajeno que “acompañan” a los deudos de Los 43 anuncian que habrá más “protestas pacíficas”, una de ellas en o ante la meca del Ejército: el Campo Militar Número Uno.

El combustible anímico para las nuevas embestidas se condensa en la demencial acusación del “Informe Encinas”, que implica al Ejército en la comisión de un “crimen de Estado”.

Pero no sólo: también se irá contra dos altos mandos de la Marina Armada.

El desconcierto al interior de las Fuerzas Armadas es mayúsculo porque de nada han servido las insólitas declaraciones políticas del general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, en apoyo del proyecto cuatroteista (cuando el único proyecto de nación válido es el que mandata la Constitución), ni la reiterada confianza del presidente López Obrador en los militares a partir de su declarado sospechosismo sobre la honorabilidad de las dependencias civiles a su cargo, sobre todo las secretarías de Seguridad y Comunicaciones, así como del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (por este prejuicio endosó la Guardia Nacional a la Defensa, a quien le cedió el negocio de los aeropuertos y del Tren Maya.

Para mayor agravio, el asedio a los militares coincide con la exoneración judicial de haber participado en el crimen de hace ocho años, dizque “por falta de elementos”, del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca; de su exjefe de la policía y otros 18 agentes municipales.

Felipe Flores Velázquez era director de Seguridad Pública de Iguala cuando, hacia las 10:00 de la noche del 26 de septiembre de 2014, mientras sus subordinados levantaban a los jóvenes para entregarlos a sus asesinos, el comandante del 27 Batallón, coronel José Rodríguez Pérez, le preguntó si había algún problema con los estudiantes y la respuesta fue que “no…”.

Acusado ahora de ordenar el asesinato de seis de los 43, el ya general brigadier ha sido detenido.

Paradoja de paradojas: en vez de perseguir y castigar a los asesinos, la Federación los libera y los consiente, volcando su descocada política criminal contra los exservidores públicos que contribuyeron a resolver el caso…