El horror de ‘volver a la patria’

Según la agencia para refugiados de la ONU (Acnur) y la Organización Internacional para Migraciones, de enero a noviembre del año pasado huyeron de la tiranía y la miseria venezolana siete millones 720 mil personas, medio millón más que en 2022, con destino a 17 países latinoamericanos y el resto del mundo.

De esa cantidad e igual periodo, 113 mil llegaron a México y más de la mitad –alrededor de 60 mil– arribaron en septiembre, que fue de extraordinario flujo migrante.

Contados los que provienen de otras naciones de AL pero también caribeñas, africanas, asiáticas y orientales, el total aproximado de expatriados que pasaron por México en 2023 ascendió a 1.7 millones, según la canciller Alicia Bárcena en su comparecencia de octubre ante el Senado.

Las cifras de los venezolanos vienen a cuento porque fue con el detestable gobierno de Nicolás Maduro que el de López Obrador firmó y publicitó el convenio para subsidiar, con tristes 110 dólares mensuales (mil 828 pesos) y durante seis meses, el regreso de esos seres humanos al horror del que escaparon.

El programa tiene el siniestro y eufemístico nombre Vuelta a la Patria, y se extiende a colombianos y ecuatorianos que tampoco soportan sus deprimentes condiciones de vida.

Bárcena dio esta explicación el 21 de marzo:

“Acabamos de firmar un convenio con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que se llama Vuelta a la Patria. Nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país porque realmente no podemos con estas cantidades, pero el Presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí a Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Entonces, ya tenemos un monto que le estamos ya dando a los migrantes que regresan a Venezuela, les damos una tarjeta para que se incorporen a un programa, digamos, no es Jóvenes Construyendo el Futuro exactamente, pero es un programa de Bienestar…”.

Estirando mucho la liga, este repentino programa está remotamente emparentado con los apoyos sociales de la 4t, pero implica erogaciones no contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 ni cumple con lo estipulado en la fracción X del artículo 89 constitucional que, si bien autoriza al titular del Poder Ejecutivo federal a celebrar tratados con otros países, exige la aprobación del Senado.

Pero si aquello de que “la ley es la ley” es puro cuento, ¿por qué no se hace lo mismo con los cubanos, haitianos, hondureños, guatemaltecos o salvadoreños que por decenas de miles también cruzan por México?

Total, aunque 110 dólares no alcanzan en Venezuela o Ecuador ni para una semana de raquítica subsistencia, cubrirán el costo de los antiácidos que los migrantes deberán tomar por la rabia de que, en buen castellano, se les expulse para complacer a Estados Unidos después de haber sorteado los maltratos del Instituto Nacional de Migración, las caminatas forzadas de miles de kilómetros, las extorsiones del crimen y el riesgo, en suma, de morir en México...