Se inventa hoy lo que no se vio en 2014

Para esclarecer un crimen son decisivos los indicios, testimonios y evidencias recabados en las horas y días más próximos de cometido y, a la inversa: entre más tiempo corre más difícil es dar con la verdad de los hechos.

Tal obviedad se anota por el cúmulo de paradojas que entraña y entelaraña el caso Iguala.

Una: todas las indagaciones posteriores a las de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero tienen como cimiento las diligencias que durante únicamente diez días encabezó Iñaki Blanco Cabrera, quien pese a esto figuró (hace dos meses) entre una veintena de exservidores públicos a quienes el faccioso y renunciado exfiscal especial Omar Gómez Trejo quiso –por fortuna sin éxito– llevar a la cárcel.

Como se recordará, cuando la Federación tuvo mayor idea de la magnitud del suceso y la homicida responsabilidad del crimen organizado, la extinta Procuraduría General de la República ejerció su facultad de atracción y cuatro meses después llegó a la detestada “verdad histórica” que tanto ha sido negada pero nadie ha podido rebatir con otra.

A Blanco lo invité a El asalto… de ayer y hoy en Milenio tv para tratar dos puntos específicos: el de los militares a quienes la 4T inculpa y la orden de aprehensión “cancelada” en su contra que al parecer no se sobreseyó y pudiera ser reactivada.

En los diez valiosos días a cargo de las investigaciones, este abogado y su equipo localizaron a poco más de 60 normalistas que se presumía desaparecidos y consignó ante el juez a 33 probados criminales.

¿Qué supo de la probable participación del 27 Batallón de Infantería en aquellos hechos?: que si bien en el Grupo de Coordinación Guerrero (interinstitucional estatal y federal para tratar asuntos de seguridad) se mencionaron casos de militares metidos en el crimen organizado en algunos municipios, nunca se mencionó a quienes estaban radicados en Iguala (tres de los cuales viven ahora en prisión por ese cargo y supuesta “desaparición forzada”, y su excomandante sólo por esta última imputación), y lo del narcotráfico no era tema de su responsabilidad.

-¿En ese Grupo se dio cuenta de que el Ejército monitoreaba las movilizaciones de los normalistas de Ayotzinapa?

“No. Se compartía información. Todos los involucrados intercambiábamos datos. Quien sí daba un seguimiento puntual a lo que se denominaba colectivos estudiantiles era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Cisen. Inclusive hubo reuniones que encabezaba para tratar ese aspecto: temas de carácter subversivo en los que vinculaban a la Normal Rural de Ayotzinapa.

-¿Supo entonces de participación activa de militares en el crimen?

“No. En distintos momentos interactuamos con elementos del Ejército porque éste reportó en dos momentos (noche del 26 y amanecer del 27 de septiembre de 2014) hechos que dieron inicio a las investigaciones”.

Testimonio de quien reprocha, eso sí, que los militares se negaran a apoyarlo.

Primeras horas, primeros días…