Segundo piso de la opacidad

La presidenta Sheinbaum rechaza la petición del expresidente Zedillo de auditar las obras emblemáticas de López Obrador.

Y pese a la denuncia de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, de que durante la gestión de su predecesor se provocó un daño patrimonial en los servicios de Salud por mil 600 millones de pesos, dice tener la mejor opinión de Cuitláhuac García:

“Está trabajando con nosotros en Cenagas haciendo un gran trabajo. Tengo la mejor opinión de él”, dijo ayer.

La mandataria insistió en su descalificación a Zedillo por la implementación del Fobaproa y consideró que las “megaobras” de AMLO “son muy distintas”.

Del Tren Maya preguntó: “¿Quién lo audita?, la Auditoría Superior de la Federación…”.

Como se recordará, desde 2021 López Obrador declaró asunto de interés público y seguridad nacional las obras de su gobierno, lo cual impide conocer al detalle contratos y costos que, sumados, superan varias veces el monto del Fobaproa.

El acuerdo se refería a las infraestructuras de diversos sectores, entre otros los de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud y vías férreas.

Y en mayo de 2023 emitió un decreto sobre la construcción y operación de proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, declarando que las obras federales de infraestructura “son de seguridad nacional” y lo publicó en el Diario Oficial cuando la Suprema Corte se aprestaba a declarar inconstitucional el acuerdo de 2021.

Fue así como quedaron blindados contra el escrutinio público: la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo “para el bienestar” y equipos tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico, así como los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.

En el mismo documento se detalló que la seguridad nacional debe entenderse “desde una perspectiva estratégica, porque intentará anticiparse a los riesgos y amenazas; amplia, porque buscará amparar a la totalidad del conjunto social; transversal, porque involucrará a las instituciones y a los sectores nacionales que deban participar en su gestión; e integral, porque estará supeditada a una sola doctrina y estrategia. Es decir, se debe garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado democrático, así como un desempeño de gobierno ético y transparente, al mismo tiempo que fortalecer un modelo de seguridad con profundo sentido humano”.

Antier, Rocío Nahle confirmó que la denuncia por el presunto mal manejo financiero en la administración de Cuitláhuac García es por irregularidades en contratos otorgados a empresas de reciente creación sin los debidos procesos administrativos y con proveedores vinculados a casos de corrupción.

Ojalá que este latrocinio nada tenga que ver con la coartada fantasiosa y opaca de la “seguridad nacional…”.

Carlos Marín

cmarin@milenio.com