Dos años a ciegas de salud pública

El secretario Jorge Alcocer confesó que “la pandemia nos abrió la ventana para poder conocer el sistema de Salud de nuestro país, sin lugar a dudas.

Afortunadamente la población fue receptora no sólo de la incertidumbre sino de los beneficios que trae la pandemia…”.

Y el subsecretario López-Gatell dijo ayer que la vacuna contra la Covid-19 será sólo para… ¡quien la necesite!:

“La intención del Gobierno mexicano, la decisión, la capacidad y la instrucción que dio el presidente López Obrador, es que ninguna persona que médicamente necesite la vacuna se va a quedar sin ella. En ese sentido es que se ha hablado de universal”.

Miente: AMLO jamás ha condicionado la prometida universalización de la vacuna.

“El Gobierno mexicano tiene el dinero, lo ha destinado ya, para que ninguna persona en México, que tenga una indicación médica de vacunación contra el Covid (es la enfermedad, no “el”, Herr Doctor) se quede sin ella. Todas y todos van a tener acceso gratuito a la vacuna, en ese sentido es universal. Desde el punto de vista técnico”, advirtió.

A confesión de parte, relevo de pruebas.

Tuvo que ocurrir la catástrofe (López-Gatell dixit) de la nueva peste para que Alcocer se diera cuenta de lo ignorante que era cuando asumió el cargo.

Esto delata su patética resignación a que sea el Subsecretario, dizque subordinado suyo y con sobradas muestras de incapacidad para dirigir la “estrategia” contra la pandemia, quien se empoderara tanto que de su capricho depende ahora la Cofepris (¡anuló ya la fabricación de genéricos!), que en la “época neoliberal” determinaba la salud pública en medicamentos, alimentos y bebidas.

Con la tragedia de casi 62 mil personas muertas y un índice de letalidad de 16% en los hospitales del Estado, tanto el Secretario como su jefe técnicamente inmediato superior son probables responsables del delito de ejercicio ilícito del servicio público previsto y sancionado por el artículo 214 del Código Penal Federal en su fracción VI, que a la letra prevé para quienes, teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado, que se castiga con dos a siete años de prisión y de 30 a 150 días multa.

Ambos funcionarios, por lo visto, cumplen a plenitud con las proporciones de cualidades que el presidente López Obrador ha proclamado ideales en los servidores públicos: 90% de honradez y 10% de experiencia.

Los familiares de víctimas de la Covid-19, sin embargo, habrían preferido que Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell fueran tan corruptos o más que el emblemático Emilio Lozoya, si a cambio tuvieran conocimiento y experiencia o, cuando menos, que hubieran recomendado a tiempo el uso de los tristes pero útiles cubrebocas.