Argumentos que se revierten
Antier, por fin, el Gobierno federal dio a conocer los datos en que se basó para inducir el coma a las estancias infantiles pero, lejos de convencer sobre lo conveniente de recortarles a la mitad el presupuesto y en la misma proporción la edad (de cuatro a dos) de los menores apoyables, el Comunicado 126 aporta elementos de sobra para que no se atente contra el constitucional interés superior de la niñez ni de las más de 300 mil madres de bajísimos recursos que hasta hace unos días han tenido la oportunidad de trabajar o de estudiar.
Refiere que "se trabaja en un esquema de coordinación entre Salud, DIF y gobiernos locales”… precisamente lo que ¡ya existe! Además, las estancias de la red a cargo de la Secretaría de Bienestar tienen que cumplir una serie de requisitos y medidas. Si este sistema desaparece y ninguna dependencia se hace cargo, ante las eventuales deficiencias no habrá forma de garantizar su baja del programa, poniendo en riesgo la seguridad, integridad y desarrollo de los niños y nadie garantizaría que esos establecimientos sigan siendo supervisados (y su personal capacitado) por diversas instancias, como sucede hasta hoy.
Dice que se simplificarán los trámites y habrá un sistema administrativo acorde con la política de austeridad. Ajá. Pues para esto bastaría un sistema electrónico de control, pues la austeridad no justifica darle fin al programa que más criaturas atiende en el país, sobre todo cuando hay otros esquemas de cuidado a los que no se toca: la Secretaría de Educación (no Bienestar o el DIF) etiqueta ¡500 millones de pesos! para tristes 70 estancias que opera… el Partido del Trabajo. ¿Cómo digerir que el Gobierno federal reduzca de cuatro mil millones de pesos a dos mil para… ¡las casi nueve mil 300 estancias! del programa en peligro de morir? Las guarderías del IMSS reciben, aproximadamente, tres mil pesos por niño, pero en éstas, qué bueno, tampoco hay recorte.
El presidente de la CNDH ha solicitado asignar los recursos presupuestales necesarios para la operación del programa puesto en jaque, conforme a la demanda social, privilegiando los derechos de la infancia y la perspectiva de género y alertado que reducir su presupuesto restringe el derecho a la educación y estimulación temprana, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Y advierte que las medidas que se están tomando ahondan las brechas de desigualdad, pues las madres que trabajan podrían tener que renunciar a su empleo (el Coneval calcula que 34%).
Además está la tontería de que 300 estancias presentan "irregularidades", pero no se precisa cuáles ni dónde ni quiénes son los responsables ni si hay denuncia para sancionarlas.
Afectar por esas 300 a nueve mil 265 y a 329 mil menores (más como 300 mil madres, 42 mil educadores, 28 mil responsables, cocineros y asistentes de limpieza, que suman casi 700 mil seres humanos) no sólo es absurdo, sino constituye una miserable atrocidad…
