Mantiene México calificación BBB-
Mantiene México calificación BBB-, escribe @joseshealy en #Actitudes.
Por fin México corta una buena madura.
Ayer jueves la agencia Fitch refrendó para nuestro país la calificación crediticia BBB- debido a una perspectiva estable y a que la política macroeconómica ha sido consistente con finanzas externas robustas.
Quizás usted confunda esta información con una de las tantas “fake news” que rondan el ambiente, pero no en esta ocasión, se alcanzó este logro a pesar de los derroches del Gobierno en proyectos sin pies ni cabeza y a la caída en la inversión privada y la extranjera.
En realidad el reconocimiento es para la Secretaría de Hacienda, cuyo titular Arturo Herrera Gutiérrez, difundió la noticia a los cuatro vientos seguramente para intentar levantar el ánimo en un país alicaído en estos tiempos de pandemia.
Tampoco se trata de una calificación de excelencia tipo AAA como todo país desearía alcanzar, sin embargo mantener BBB es al menos un alivio porque significa que no vamos de picada en lo que respecta a la capacidad crediticia de México.
Falta ver en las próximas semanas la decisión de Standard & Poor’s que en marzo pasado calificó al país con un BBB y la de Moody’s que en el mes de abril degradó a México de un A3 a un BAA1 negativo.
De acuerdo a Fitch, nuestro país mantiene un nivel de deuda de 50% del PIB, similares a otros países con calificación BBB, en tanto los ingresos tributarios excedieron las expectativas al tiempo que el Gobierno federal limitaba su endeudamiento.
La agencia Fitch pronostica para 2021 un rebote económico moderado de 4% luego de la caída del PIB en este año que se estima será de 8.9%.
Para el año 2022 el crecimiento será de aproximadamente un 2.5%, nada halagador, por cierto.
La empresa calificadora advierte que estos números podrían reducirse si los casos de contagios por el Covid-19 se mantienen al alza y si no se logra reactivar la economía con una mayor fuerza y determinación.
Según Fitch “el paquete de 39 proyectos de inversión entre el Gobierno y la iniciativa privada, estimado en 297 mil millones de pesos, no será suficiente para incentivar la demanda interna”.
Asegura además que “la limitada respuesta fiscal del Gobierno de sólo 0.7% del PIB para combatir los efectos económicos del Covid-19” afectará la recuperación de los negocios y de los hogares.
Lo dicho por la calificadora no es nada nuevo, es prácticamente lo mismo que han criticado infinidad de veces los dirigentes del sector privado mexicano, no obstante, la respuesta oficial ha sido por demás tibia por no decir nula.
Es bueno saber, sin embargo, que con todo y los temblores políticos que sufrimos los mexicanos, el país mantiene todavía un nivel aceptable de certidumbre en el ámbito crediticio.
Bueno fuera que esta noticia motivara al Gobierno federal a emprender acciones firmes en favor de la confianza y de la inversión.
Si vemos el futuro con optimismo tendremos que prepararnos para tiempos de recuperación en la región luego de las elecciones de Estados Unidos y la posibilidad cada vez más cercana de contar con la vacuna contra el Covid-19.
No permitamos que se desaproveche el momento y las oportunidades que vendrán para los mexicanos en los próximos meses y años.
NOTICIAS, NOTICIAS…
Indonesia, el nuevo gigante asiático, está a punto de desbancar a México del lugar 15 en la economía mundial.
Si los pronósticos se cumplen, su PIB llegará este año a 1.08 billones de dólares contra 1.04 billones de nuestro país.
Lo lamentable es que en veinte años la economía de Indonesia se multiplicó once veces mientras que la mexicana creció poco más de dos veces…
No fueron una ni dos ni tampoco tres sino quince las maletas cargadas de billetes las que recibió el panista Rafael Caraveo Opengo por parte de funcionarios de la paraestatal Pemex como parte de los sobornos del Caso Odebrecht.
Al parecer el dinero estaba destinado para las campañas electorales, pero vaya usted a saber.
Lo que no entendemos es por qué el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, no está en la cárcel a pesar de los millonarios desvíos de recursos federales operados desde la dependencia federal.