Fiscal general, una decisión infalible
Más que la creación de la Guardia Nacional, la estrategia contra el “huachicoleo” o el combate a la corrupción, lo que definirá cabalmente el rumbo del gobierno de Andrés López Obrador será la designación del Fiscal General de Justicia de la Nación.
El Senado de la República aprobó esta semana una lista de diez aspirantes a ocupar el cargo con una votación de 96 legisladores a favor y 21 en contra, entre ellos los representantes del Partido Acción Nacional.
Entre los finalistas destacan abogados de trayectoria y prestigio, pero también algunos candidatos muy cercanos a Morena y al primer mandatario mexicano.
De la lista de diez, López Obrador seleccionará una terna que regresará al Senado para una última y definitiva votación.
Desde el sexenio pasado se lanzó el proyecto de crear una Fiscalía General de Justicia para desaparecer a la controvertida Procuraduría General de la República cuyo desempeño a lo largo de décadas ha estado colmada de irregularidades y de una dependencia casi total con el Ejecutivo.
Finalmente en diciembre pasado se aprobó la ley orgánica de la Fiscalía General de la República por parte de la Cámara de Diputados que contempla cuatro fiscalías especializadas en materia de derechos humanos, delitos electorales, combate a la corrupción y la de asuntos internos.
Los diez abogados seleccionados para pelear el ansiado cargo son: Bernardo Bátiz, ex procurador de la Ciudad de México; Alejandro Gertz, actual encargado de la PGR y ex secretario de Seguridad en el gobierno de Fox; Luis Pérez de Acha, ex miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y la magistrada Verónica de Gyves.
También pelean el puesto Julio Ángel Sabines, Estela Cadena, Lizbeth Padilla, Ernesto López, Marcos Santana Morales, así como Jaime González Garza, alcalde interino de Monterrey.
Si preguntan nuestra opinión diremos que Bernardo Bátiz no tiene nada que hacer en esta contienda por las siguientes razones: sus 82 años de edad son demasiados para este complejo cargo y fue procurador de Justicia del Distrito Federal durante el gobierno de López Obrador lo que significa que sus nexos con el actual presidente de México son demasiados cercanos.
Lo que se busca a toda costa evitar es la designación de fiscales carnales o a modo que se dedican a obedecer los mandatos del presidente en turno en lugar de trabajar a fondo en la impartición de una justicia pronta y expedita para todos los ciudadanos, sean ricos, pobres, morenos, blancos, de izquierda o de derecha.
Otro aspirante cuestionado por su relación actual con López Obrador y por sus 79 años de edad es Alejandro Gertz Manero, sin embargo este abogado ha servido con eficiencia a gobiernos de distintos colores y es miembro de Movimiento Ciudadano mas no de Morena.
Lo cierto es que el presidente en turno no puede equivocarse en la selección de la terna como tampoco el Senado podrá fallar al designar al primer Fiscal General de la República.
Un fiscal independiente, efectivo, diligente y defensor a ultranza de la justicia podrá llevar al país a derroteros nunca antes vistos y a promover la eliminación de una de las prácticas más nocivas en México: la impunidad.
Esperemos que en esta ocasión AMLO no salga con domingo siete como ha ocurrido en otras de sus polémicas decisiones.
Noticias, noticias…
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