Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica: contra la salud y el medio ambiente

Ante la emergencia climática y sanitaria que enfrenta el planeta, es urgente que la Cámara de senadores frene la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y promueva, en cambio, alternativas económicas y ambientalmente viables, como las energías renovables, para hacer valer los derechos constitucionales de los mexicanos a la salud y a un medio ambiente limpio.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo el 1 de febrero pasado, aprobada ya por la Cámara de Diputados, “sin quitarle ni una coma”, modifica aspectos fundamentales en el diseño y operación del Sistema Eléctrico Nacional: 1) el principio económico en el orden de despacho; 2) la emisión de permisos para las empresas especializadas en energía renovable; 3) la utilidad de los Certificados de Energía Limpia (CELs) para el cumplimiento de las metas establecidas en la Ley de Transición Energética; 4) la obligatoriedad de las subastas que han dirigido a nuestro país hacia costos más bajos a través de la energía renovable, y 5) la revocación a la discrecionalidad de permisos de autoabastecimiento, que producen electricidad limpia para decenas de empresas que representan más del 10% del Producto Interno Bruto del país.

Estas modificaciones favorecen la generación de electricidad a partir de fuentes fósiles, las más caras y contaminantes, como el carbón y el combustóleo, al mismo tiempo que bloquean la participación y el crecimiento de proyectos competitivos de energías renovables.

Los compromisos nacionales e internacionales de México establecen una reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero del 22% al 2030 en relación con una línea base, así como un 35% de energías limpias a 2024.

También es importante el cumplimiento de las normas de contaminantes atmosféricos en diferentes centros urbanos del país,  que se ve comprometido por la operación de centrales eléctricas. De aprobarse esta reforma, es de esperarse que estos compromisos internacionales y normas se incumplan en los tiempos establecidos.

En el aspecto económico, la reforma propuesta resultaría en un aumento en los costos reales de producción de la electricidad, pues las fuentes fósiles son más caras en comparación

con las renovables.

En 2019, por ejemplo, las energías eólica y solar tuvieron un costo unitario de generación de 583 pesos por MW/h, mientras que la energía proveniente de carboeléctricas costó 1,449 pesos por MW/h. Más del doble.

Estos gastos adicionales se traducirán, irremediablemente, en tarifas más altas para los consumidores finales, o bien, en mayores subsidios que serán pagados con nuestros impuestos. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020, 70 mil millones de pesos fueron asignados a subsidios en electricidad, monto equivalente a los presupuestos conjuntos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para ese mismo año.

Todos los países, desarrollados y en vías de desarrollo, están abandonando las energías fósiles para proteger la salud de sus ciudadanos, impulsar economías de bajas emisiones, generar empleos y contribuir a la lucha global contra el cambio climático.

De aprobarse esa ley, México incumplirá sus compromisos nacionales e internacionales en materia de cambio climático y el deterioro de la calidad del aire, afectando la salud de la población.

Evitar esas reformas a la ley eléctrica, será agradecido por las siguientes generaciones, quienes valorarán que nuestros líderes actuales velaron por un mundo en armonía con la naturaleza y las personas, o los repudiarán por favorecer intereses políticos.