El destino de México

El autor es licenciado en Economía por la Universidad de Sonora.

Se ha dicho mucho de este ciclo electoral. Se nos recuerda en titulares, columnas de opinión y videos informativos la importancia que conlleva. Dicen que es una batalla por la democracia, que va a marcar la pauta para los próximos tres años, que hay que “recuperar” ciertos estados, incluso varios lo llaman “la elección más importante de nuestras vidas”.

Pero hay un elemento desafortunado de estas elecciones que, aunque se ha reportado, no ha hecho el ruido que considero relevante viendo lo grave de la situación: el asesinato de aspirantes

a cargos políticos.

El informe de violencia política de la consultora Etellekt, acaso el más completo y actualizado, pone a nuestra Sonora, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Estado de México, Tabasco, Quintana Roo y Ciudad de México como los estados que han visto incidentes violentos.

Lo grave suena así: todos los días de la semana pasada mataron a algún candidato. Considero muy triste y lamentable que las maquinaciones diseñadas en nuestro país para corromper elecciones estén transaccionando de vuelta a esquemas  violentos y homicidas. El entorno de fraude electoral es uno que los mexicanos conocemos muy bien.

El mal uso de las urnas sigue y volverá estas próximas elecciones. Pero ya no era costumbre, desde hace décadas, la práctica “revolucionaria” de desaparecer físicamente al adversario político. Esta regresión es un aviso de algo barbárico y siniestro que se viene carburando desde hace mucho tiempo.

Aunque atribuir totalmente la culpa al crimen organizado es fácil, pienso que distorsiona el verdadero origen del problema.

Cierto, la presencia de los cárteles en algunas regiones los llevó de manera natural a buscar imponer autoridad local. El ayuntamiento y el trabajo sucio que te puede hacer un policía municipal tiene sentido para los criminales desde un punto de vista práctico y económico.

Esto da paso a la diversificación: servicios municipales, predial y tesorería dan enormes ventajas para la extorción, despojo de terrenos y propiedades, venta de pipas de agua, cobro de derecho de piso y un largo etcétera.

Pero ahora vemos que en muchos casos el victimario no es el crimen organizado, sino los propios actores políticos. Presidentes municipales que ven su mandato amenazado por un carismático (o bien posicionado) líder; cofradías de poder local que están dispuestas a hacer todo con tal de no perder el control que ejercen.

Recuerda al caso de los periodistas asesinados. Al principio la molestia de un capo se desencadenaba en represión a la prensa en forma violenta. Pero después la tentación de silenciar a una

voz incómoda se hizo demasiado grande para gobernadores, presidentes municipales, caciques y jefes de seguridad.

Los reportes anuales de la organización internacional Artículo 19 advierten que la mitad de las agresiones contra periodistas tienen un origen político, no estrictamente delincuencial. Podríamos imaginar el grado al que esto ya volvió en los comicios a lo largo del país.

Cuando el 56% de la población del país trabaja desde la informalidad, sin tener que pagar impuestos, sin permisos o seguridad social, las personas aprenden que para arreglárselas en esta vida

uno no debe pasar por las reglas del sistema, sino crear las propias e imponerlas sin considerar las ramificaciones.

La generalizada noción de que las autoridades y los ricos usan su posición para enriquecerse y la ilegalidad y el abuso para mantener sus privilegios, que las instituciones no me van

ayudar si no van a operar en mi contra, produce una clase de legitimación de cualquier medida a la que recurra para beneficio mío y de los míos.

Una vez que se parte de esta premisa, incluso los actos violentos se convierten en actos legítimos. El cuestionamiento que se hace la población no es moral, sino de impunidad. No es “¿Es

esto correcto?” sino “¿Me puedo salir con la mía?”.

Antes de que alguien pueda comenzar la violencia, muchos otros ya han preparado el terreno. Las matanzas e infamias de los cárteles y los políticos criminales son la punta del iceberg de la descomposición de la vida pública en México. La enfermedad del país es demasiado grave. No podremos escapar el destino que este país tiene, al que todos vamos como individuos: la muerte.

El autor es licenciado en Economía por la Universidad de Sonora.