Construir un país más resiliente, sostenible y seguro

El título de esta columna corresponde al objetivo 1.9 del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) elaborado y presentado por el Ejecutivo federal al H. Congreso de la Unión en abril del año pasado.

En aquel entonces nadie imaginaba la catástrofe (palabra del Dr. López-Gatell) que ocasionaría la pandemia Covid-19.

En efecto, en pocas palabras eso es el riesgo, el grado de incertidumbre en la ocurrencia de un evento adverso no deseado, como la pasada tormenta tropical ‘Gamma’ con cientos de afectados en la península de Yucatán, miles de personas evacuadas por las inundaciones de Tabasco e importantes daños materiales en Quintana Roo y Yucatán como consecuencia del huracán ‘Delta’ que impactó esta semana.

Frente a ese panorama, el pasado martes, con 242 votos a favor de 427 Diputados y Diputadas presentes, se aprobó la Ley que extinguió 109 Fideicomisos por 68 mil millones de pesos, incluidos los 4 mil millones asignados mediante el Fopreden y Fonden al Sistema Nacional de Protección Civil para prevenir y atender los desastres en el territorio.

Aquí quiero reconocer la congruencia y responsabilidad de las y los integrantes de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara que se pronunciaron y votaron en contra, en especial a las Diputadas Liduvina Sandoval, Margarita García, Ana Karina Rojo y diputado Jacobo Cheja.

Incluso, destaco los argumentos vertidos por el diputado Fernández Noroña, ninguno sirvió.

Para medir el objetivo del PND, el Gobierno federal estableció dos indicadores, uno de ellos es el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas (Igopp) en Gestión Integral del Riesgo y programaron cinco estrategias para su cumplimiento:

1) Reducir el riesgo de desastres existente, así como mejorar el conocimiento y preparación de la sociedad para aumentar la resiliencia con mecanismos de planeación y de ordenamiento territorial y ecológico, con enfoque diferenciado centrado en las personas y sus derechos humanos.

2) Coordinar la respuesta y atención de las emergencias y desastres provocados por el cambio climático, fenómenos naturales o actividades humanas, para disminuir su impacto con un enfoque diferenciado y no discriminatorio.

3) Potenciar los recursos públicos y fortalecer la estrategia financiera integral para atender emergencias y reconstruir la infraestructura ante desastres derivados de fenómenos naturales, así como los enfocados a acciones de prevención sin discriminación, privilegiando la transparencia y rendición de cuentas.

4) Fortalecer el diseño y la implementación de los instrumentos de planeación del territorio, así como los mecanismos de gestión del suelo, para evitar los asentamientos humanos, la construcción de infraestructura y actividades productivas en zonas de riesgo.

5) Brindar atención prioritaria en los planes de reconstrucción a la vivienda, los servicios básicos, los medios de vida, la infraestructura pública y la reactivación económica, garantizando el uso de los recursos públicos con criterios de accesibilidad, sostenibilidad y no discriminación.

Con la eliminación del Fonden y Fopreden y su impacto directo en las estrategias, se avizora una pobre gestión integral de riesgos de desastres. Sólo se requería perfeccionar el instrumento, la actual CNPC lo estaba haciendo bien, se perdió la oportunidad de demostrar que sería mejor.

El autor es Presidente Nacional del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, A.C.