¿Quién controla a los controladores?

Durante la elección estadounidense, la plataforma Parler buscaba atraer a nuevos usuarios al prometer libertad de expresión sin restricciones. "Si puedes decirlo en las calles de Nueva York", afirmaba su director ejecutivo, "puedes decirlo en Parler". Hoy, con el cierre de las cuentas en redes sociales de Trump, la defensa sin contexto o matiz alguno que hiciera de él el presidente López Obrador y nuestras elecciones intermedias de junio en el horizonte, el Congreso mexicano ha decidido dar un paso adelante en el tenso equilibrio entre las grandes plataformas digitales y la capacidad de los estados para regular los puntos ciegos del Internet. Juristas y ONG subrayan el deficiente diseño legal de una iniciativa exprés, sin debate ni consulta previa, de difícil aplicación y que podría precisamente cercenar libertades en redes sociales. Por ello, vale la pena rescatar algunas de las aristas más relevantes de este debate que arranca en México, pero que en Estados Unidos y Europa llevaba ya tiempo en cocción antes de la decisión de quitarle el megáfono a un mandatario que se dedicó a propalar mentiras y desinformación y que atizó el ataque de una turba sediciosa contra la democracia y sus instituciones.

Desde hace tiempo, EU ha tratado de ajustar su legislación para que las compañías se hagan responsables por contenidos publicados en sus redes. La Primera Enmienda constitucional protege a la ciudadanía contra cualquier ataque a su libertad de expresión, pero la Corte Suprema también ha considerado que esa enmienda permite a los actores privados moderar como les plazca sus espacios de debate. Que se requiere algún tipo de regulación o autorregulación en las redes sociales, lo sabemos todos. Hay un riesgo evidente en la difusión indiscriminada de información falsa y en la utilización de plataformas para polarizar. Pero el problema esencial que encarnan éstas es uno de escala. Hacer que la industria sea más competitiva ayudaría a diluir la influencia de empresas individuales y a estimular nuevos modelos de negocios que no dependan de algoritmos virales. La ley de servicios digitales propuesta por la Unión Europea intenta imponer controles similares a las empresas de Internet y requeriría que las grandes empresas tecnológicas hicieran más para combatir el discurso de odio. Pero Bruselas también quiere que refuercen la libertad de expresión, creando una tensión entre los dos objetivos que puede ser difícil de resolver.

Ninguna democracia puede confiar en las buenas intenciones de los que detentan el poder para protegerse a largo plazo. En última instancia, ninguna solución que se dé al vapor y que no sea integral será suficiente. Necesitamos interoperabilidad, transparencia, una mejor formulación de políticas y prácticas de moderación de contenido más responsables y con contrapesos. Si no, las acciones que tomemos no serán más que un curita y la medicina podría ser peor que la enfermedad. Y aunque la regulación es tentadora, no puedo imaginarme depositando mi confianza solamente en el Gobierno para tomar estas decisiones, no más de lo que lo haría en Mark Zuckerberg. Del resultado de este debate dependerá la calidad de mucha de la información que consumimos y, con ella, la salud de nuestras democracias y nuestros contratos sociales.