Impulsar y acelerar el desarrollo

Por ello, la comunidad internacional, por iniciativa y conducto de la ONU, se puso de acuerdo para que toda la población en el planeta para el año 2030 eleve sus condiciones de vida. Esta voluntad colectiva se tradujo en 17 objetivos, de los cuales cito: fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género; garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible; trabajo decente y crecimiento económico; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles, entre otros.

Esto significa que para aproximarse a lo que puede considerarse un país desarrollado hay que avanzar en varias dimensiones, más allá de tener crecimiento económico con distribución del ingreso. Si bien se ha logrado un entendimiento común de lo que contendría el desarrollo, donde siempre va a haber una amplia variedad de posiciones es en cómo lograrlo. Y precisamente donde radican las diferencias es tanto en cómo alcanzarlo y en el papel que debe jugar el Estado a través de sus gobiernos.

Antes de la caída del muro de Berlín en 1989, el cómo lograrlo, a manera de simplificación, se resumía en dos posiciones totalmente opuestas: en un extremo, la propiedad privada y las libertades individuales sobre todo, con gobiernos que debían reducirse a ser árbitros entre los particulares y usar la fuerza legítima del Estado para hacer cumplir la ley, imponer el orden y salvaguardar el territorio nacional; y en el otro, todo era propiedad del Estado, con una restricción a las libertades de las personas, con una fuerza prácticamente ilimitada de lo que el Estado podía interferir tanto en la vida de las personas como en la producción y prestación de servicios.

De acuerdo a lo que hoy observamos en el mundo, y donde se ha permitido la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos, la competencia política para acceder a través del voto secreto a acceder al poder público para encabezar un gobierno, los países altamente desarrollados están entre estos dos extremos. No hay receta, son resultados de procesos históricos donde ha habido ensayo y error, aproximaciones sucesivas para mejorar instituciones, entendidas como reglas escritas y no escritas que imponen límites a las conductas de las personas y del Estado con la finalidad de crear ambientes propicios para la prosperidad.

México sobresale como un país que en la década de los cincuenta y los sesenta parecía haber encontrado la fórmula mágica del crecimiento económico, con movilidad social, para después perder esa magia en la década de los setenta. Y ahí empezaron los desencantos hasta llegar a un momento donde el pacto social se fracturó por completo. Por un lado, el abuso del poder del Estado, que en 1968 fue más que evidente con la masacre de estudiantes, en 1982 con la expropiación de la banca privada, el control de cambios y la confiscación del ahorro de las familias, y por el otro, el haber desperidiciado en dos ocasiones (1978 a 1982, y 2001 a 2014) la enorme riqueza petrolera sin sacar a millones de personas de la pobreza.

Hoy en día, desde la perspectiva de la disponibilidad de recursos públicos, el desafío es aún mayor para cumplir con las metas del desarrollo sostenible y en particular la creciente desigualdad, pues la dilapidación sin precedentes de recursos no renovables redujo drásticamente los grados de maniobra del gobierno. No obstante, México aún puede lograrlo. Ahora posee dos características muy codiciadas: una, estabilidad de precios por la autonomía del Banco de México y la disciplina fiscal, y dos, algo que no se tenía y que no puede desperdiciarse, un presidente que llegó con más del 53% de los votos y que ahora goza de una aceptación antes no vista. De ahí la importancia que tiene el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que por primera vez será enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación.

Jorge A. Chávez Presa
Twitter: @jchavezpresa