El Caso Vallarta

Algo fortuito que sucedió en el destino personal de Israel Vallarta, a quien Genaro García Luna y los funcionarios que con él laboraban, acusaron de dirigir la banda de secuestradores Los Zodiaco, de la que la francesa Florence Cassez formaba parte, hoy detona la noticia que lleva este 14 años preso pero sin recibir sentencia.

Esto es un gran descuido de nuestro sistema de impartición de justicia, pues si García Luna no hubiese sido detenido en Estados Unidos con graves acusaciones de proteger al cártel de Sinaloa, la situación de Vallarta no la conoceríamos hoy.

La hermana de Vallarta, Guadalupe, acusó que otros miembros de su familia fueron torturados para que se declarasen culpables del mismo delito. Ahora la secretaria de Gobernación, la ministra en retiro de la SCJN, apela a su liberación considerando que debe aplicarse a Vallarta el mismo criterio que permitió la liberación de Florence Cassez, después de un grave diferendo diplomático con el gobierno de Francia, por la violación a sus garantías individuales durante el montaje del show televisivo de su detención. Sin embargo, Florence nunca fue exonerada de los cargos de secuestro.

Tan malo es que Israel Vallarta lleve 14 años preso sin recibir sentencia, como que sea liberado como una compensación a un error y no por comprobarse su inocencia. Ambos extremos son preocupantes, pues tienen graves implicaciones. La declaración de la secretaria de Gobernación parece dar a este caso un contexto político para exhibir a gobiernos anteriores y lo que quisiéramos los ciudadanos es eficiencia jurídica generalizada.

Liberar sin justificar la inocencia, puede abrir la puerta a prácticas corruptas. Si Vallarta, siendo protagonista de un caso tan sonado fue olvidado por los impartidores de justicia, ¿Cuántos miles de mexicanos, anónimos y quizá inocentes, viven la misma tragedia? Un olvido irresponsable que roba tiempo de vida de unos y destroza el patrimonio de sus familias.

Como ejemplo de que esto no es excepción, podemos tomar el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes pasaron 17 años de su vida encarcelados en el penal de Barrientos, sin recibir sentencia respecto al homicidio que se les imputa, el de la regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza María de los Ángeles Tamez Pérez, ocurrido en 2001. Esto quiere decir que en 17 años las autoridades no lograron ni comprobar su delito ni exculparlos. Por ello un juez ordenó su liberación a finales de agosto pasado.

Esto nos describe un grave problema en la impartición de justicia en nuestro país: no hay respeto por la vida ajena.

Quienes los encarcelaron y se olvidaron de ellos cometieron un grave delito de omisión. La ligereza con que nuestro sistema de impartición de justicia opera puede generar violaciones de derechos humanos que terminan en la impunidad oficiosa. La lentitud y el tortuguismo son una falta de sensibilidad social, pero también deben calificarse como irresponsabilidad.

Liberar a alguien sin comprobar su inocencia es tan aberrante como mantenerlo en la cárcel.

Unos son reos inocentes del delito que se les imputa y por otra parte, un fenómeno jurídico aberrante, como es la liberación de delincuentes cuya trayectoria delictiva es conocida y comprobada por las autoridades, que sin embargo, son liberados por jueces que argumentan errores en la integración de expedientes. Tal es el caso de algunos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Lo que hoy vivimos en México es producto de graves anomalías en la impartición de justicia.

Incluso la nueva práctica de anteponer argumentos administrativos o de deficiencias jurídicas en los procesos, para liberar delincuentes, representa una grave responsabilidad de funestas consecuencias, pues recicla y reintegra en sus actividades a peligrosos sujetos.

Muchos de los asesinatos y delitos de alto impacto en contra de ciudadanos inocentes, se podrían haber prevenido si quienes los cometen no hubieran sido liberados.

Es urgente rehacer nuestro sistema de justicia para crear un mejor país, donde la justicia sea un asunto de valores y principios jurídicos. ¿Usted cómo lo ve?

Ricardo Homs

Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación