robo de identidad arizonaPHOENIX, AZ.- Un juez federal ratificó la legitimidad de un par de leyes de Arizona orientadas a combatir el robo de identidad, aún cuando reconoció que podrían haber sido promulgadas en gran medida para luchar contra la inmigración ilegal.

En su decisión emitida el martes, el juez federal David Campbell dictaminó que aún cuando las leyes afectan en gran manera a los inmigrantes indocumentados, también sirven como una herramienta legítima para combatir el robo de identidad.

“Las leyes fueron aprobadas en parte por su efecto sobre la inmigración de extranjeros no autorizados”, escribió el juez en su dictamen, “pero la legislatura también estaba abordando un problema urgente que afecta negativamente a los residentes de Arizona”, indicó.

La decisión del juez emana de una demanda interpuesta en junio de 2014 por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la organización proinmigrante “Puente Arizona”, que desafiaron las dos leyes sobre el robo de identidad.

Las leyes castigan como delito grave el uso de información falsa para obtener empleo.

De acuerdo con ACLU y Puente Arizona, los estatutos constituían mecanismos velados para promover una amplia agenda antiinmigrante, al convertir a los indocumentados en delincuentes, simplemente por trabajar para proveer a sus familias.

Utilizadas por Joe Arpaio

Las dos leyes fueron utilizadas por el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, para justificar múltiples redadas en centros de trabajo y realizar detenciones de inmigrantes indocumentados.

En enero de 2015 el juez Campbell emitió una orden judicial preliminar para prohibir a Arpaio que aplicaran dichas leyes mientras se analizaba la demanda interpuesta en contra de los estatutos.

Utilizando ambas leyes, Arpaio condujo desde 2007 a 2014 unas 80 redadas y arrestó a 790 trabajadores carentes de documentos migratorios, según estadísticas difundidas por la propia Oficina del Sheriff del condado de Maricopa.

Campbell coincidió con los demandantes de que el estado no tiene derecho a procesar a nadie por tener una forma I-9 falsa o fraudulenta.

La forma es emitida por el gobierno federal y se usa para verificar la identidad y la autorización de empleo de personas que no son ciudadanos estadunidenses.

Campbell dijo que ésto es únicamente competencia del gobierno federal, pero indicó que eso no impide a la policía estatal y local, y a los procuradores, detener y procesar a la gente por otras formas de fraude laboral, incluso si sus documentos falsos forman parte del mismo plan para obtener ilegalmente un empleo.

Campbell también rechazó los argumentos de que las leyes de fraude laboral no son aplicables y carecen de valor porque eran “motivadas únicamente por el ánimo contra los extranjeros no autorizados”.

El juez impugnó los argumentos de que la preeminencia federal se extiende a todo lo demás involucrado en el proceso de empleo.

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