nota24102016f06HERMOSILLO, SON.- La violencia política contra la mujer la ejerce el Estado, los partidos políticos y hasta los medios de comunicación, aseguró la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa durante la presentación del ‘Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres’.

Las mujeres en el ejercicio de la política se enfrentan a actos que menoscaban sus derechos humanos en razón de su condición como féminas, indicó la magistrada, quien acudió a Hermosillo por invitación del Instituto Estatal Electoral, del Instituto Nacional Electoral y de la Red de Mujeres en Plural.

Alanis Figueroa explicó que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones —incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

Señaló que este tipo de violencia puede tener lugar en cualquier esfera: política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política. Es decir, incluye el ámbito público y el privado.

La violencia puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual y puede efectuarse a través de cualquier medio de información (como periódicos, radio y televisión), de las tecnologías de la información o en el ciberespacio, comentó en su exposición.

Alanis Figueroa apuntó que las formas en las que debe atenderse variarán dependiendo del caso y, al mismo tiempo, el tipo de responsabilidades (penales, civiles, administrativas, electorales, internacionales) que genera, dependerá del acto concreto que haya sido llevado a cabo.

Precisó finalmente que la violencia política puede ser perpetrada por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, subordinados, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; por medios de comunicación y sus integrantes. Además, puede cometerla cualquier persona o grupo de personas.

La magistrada reconoció que la violencia en el ámbito político se encuentra presente en el país y afecta a mujeres y hombres.

Sin embargo, dijo, es importante distinguir aquella que se ejerce en contra de las mujeres cuando contiene elementos de género, para poder visualizarla, ya que dependerá la forma en que debe tratarse a las víctimas y la manera en que deben conducirse las autoridades.

Explicó que se considera de género, cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Es decir, cuando las agresiones están especialmente planificadas y orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos bajo concepciones basadas en prejuicios. Incluso, muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo “femenino” y a los “roles” que normalmente se asignan a las mujeres, señaló.

EXP/GF/EJ/OCT/2016