Extra protección en accesos molesta a vecinos de Villas de Mediterraneo

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HERMOSILLO, SON.- ‘Atrapados’ en su propio fraccionamiento, así se sienten casi 200 colonos de Villas del Mediterráneo, ya que un comité de vecinos del lugar cerraron los accesos de entrada y salida a la colonia, solicitándoles comprar un llavero de 500 pesos o 300 pesos por un pin para tener libre acceso a éstas.

La colonia, la cual se ubica al poniente de la ciudad, consta de un bulevar principal que conecta las calles Colosio y Real del Llano, así como diferentes privadas dentro del mismo fraccionamiento, las cuales ya cuentan cada una con su respectiva reja de acceso.

Sin embargo, aun perteneciendo a una privada, un comité de vecinos decidió que no era suficiente una reja en la privada, por lo que pusieron una caseta por el Colosio Final y una reja por el Real del Llano.

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Esta situación afectó a muchos de los negocios que estaban ubicados sobre el bulevar principal del fraccionamiento, los cuales, al ser antes la calle de libre tránsito, podían contar con una clientela variada y hoy en día, debido al cierre de acceso vial, están ‘quebrando’.

"Somos bastante vecinos inconformes, casi 30 casas a línea de calle que decidimos estar ahí porque eso nos convenía y gustaba y ahora nos exigen un pago de 500 pesos para tener un llavero que nos permita entrar y salir por Real del Llano y si no contamos con ella, tenemos que salir por la Colosio, cuando no se nos vendió la casa con esas condiciones; yo que vivo al final de la colonia, se me hace una injusticia tener que recorrer un kilómetro todos los días, teniendo a 50 metros una salida", se quejó María Yáñez, vecina del lugar.

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Y aun que le han expresado este malestar a la dependencia de Cidue más de una vez, al parecer los funcionarios optan por ignorarlos e incluso amenazarlos para evitar que se remueva el cerco.

"Desde el momento que se inició el cierre del fraccionamiento, nosotros mostramos nuestra inconformidad a Cidue y ellos no lo tomaron en cuenta; después mandaron a una funcionaria de Desarrollo Social llamada Claudia Cano y a un encargado de asuntos políticos llamado Julio César Ulloa, quienes amenazaron a los locatarios de que si no aceptaban el cierre podían cerrarles el negocio, ¿de qué se trata esto entonces?, cuestionó Roberto Armenta, otro de los afectados.

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Debido a todos estos inconvenientes, es que vecinos piden una explicación al Ayuntamiento y que se les devuelva su libertad de tránsito.

EXP/LH/RG/FEB/2017

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