Como en los tiempos de la Revolución…

El reconocido divulgador de historia, Alejandro Rosas, comentaba hace unos días en su cuenta de Twitter sobre el pragmatismo actual que impera en la política mexicana, en la que ya no hay principios ni ideologías, sino políticos que brincan de un partido a otro, sin importarles la congruencia, por el mero interés de obtener o cargos, posiciones o simplemente sumarse a movimientos que lucen ganadores. "En tiempos de la Revolución —decía Rosas— la Bola se refería a que las facciones se volvieron una mezcla de gente de todos los bandos. Hoy vivimos exactamente eso, ya no son partidos, son facciones con una extraña mezcla de todos los grupos, sin importar la ideología. La Bola 2018, remataba el también analista.

Su comentario se liga al reclamo que esta semana hicieron los industriales del país, que denunciaron el incremento del robo con violencia y descarrilamiento de trenes en varias regiones del país. Igual que pasaba también durante los años de la Revolución mexicana, en los que los trenes eran robados y descarrilados lo mismo para obtener alimentos para la Bola que para usarlos como medio de transporte de los grupos de revolucionarios, en los últimos meses, los asaltos al transporte ferroviario se dispararon en estados como Puebla, Veracruz, Nuevo León y otros, en donde la delincuencia organizada lo mismo coloca obstáculos para detener el paso de las locomotoras y asalta los vagones de carga, que manipula las vías para provocar el descarrilamiento y robar los contenedores que transportan desde granos básicos hasta mercancías manufacturadas.

Tan sólo de octubre a diciembre de 2017, Ferromex había denunciado 720 asaltos y descarrilamientos a sus trenes en distintas vías del país, un incremento de 476% en ese último trimestre del año. Y en este 2018, la situación siguió agravándose. El descarrilamiento de un tren cargado con toneladas de trigo que iba a ser exportado, en Orizaba, el sábado pasado, desató la ira de las empresas ferrocarrileras y de los industriales de la transformación que utilizan ese medio de transporte para mover sus mercancías. "Estamos desarticulando nuestras cadenas logísticas, estamos desarticulando nuestros envíos y, en consecuencia, eso lleva a una gravedad tal que podríamos decir que estamos desarticulando al país", alertó el director de Relaciones Institucionales de la Canacintra, Jesús Francisco López, quien calificó ya el tema como un problema "de seguridad nacional".

Y es que la ira de los industriales y empresas ferrocarrileras también se generó porque en un principio el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, intentó negar el sabotaje al ferrocarril en Orizaba y dijo que se había tratado de "un accidente". Posteriormente, el mandatario tuvo que recular y reconoció que en los límites de su estado y Puebla, en Orizaba además de Acultzingo, donde hace unas semanas también descarrilaron un tren cargado de arroz, opera una banda de crimen organizado dedicada al robo de los ferrocarriles, anunció el envío de policía equipada con armamento de alto calibre para vigilar las rutas ferroviarias y hasta ofreció una recompensa de 5 millones de pesos por el presunto líder de la banda Sangre Nueva Zeta, Santos de Jesús, alias el Bukanas.

En fin que, si al comentario de Alejandro Rosas sobre la nuevas bolas políticas que recorren el país en campañas y al descarrilamiento de trenes le sumamos las nuevas formas de "leva" utilizadas por el narcotráfico para reclutar, a veces obligadamente, a jóvenes sicarios en varias regiones del país, casi podríamos decir que estamos viviendo tiempos tan turbulentos, caóticos y sangrientos como en la Revolución de 1910, pero sin Revolución. Nomás nos falta que el próximo 1 de julio, día de las elecciones, tengamos que salir a gritar "!Sufragio Efectivo!".

Nepotismo en el Tribunal Electoral. Cuando los ojos de todos están puestos en el Tribunal Electoral, que tendrá a su cargo la calificación y validación de la próxima elección presidencial, y en medio de la ola de críticas que le llovieron a sus magistrados por legitimar una candidatura independiente plagada de irregularidades y trampas, como la de Jaime Rodríguez El Bronco, surgen ahora evidencias de que en el máximo órgano electoral del país, dependiente del Poder Judicial de la Federación, también ocurren prácticas tan nocivas y cuestionadas por los mexicanos como el nepotismo en la asignación y contratación de cargos públicos.

No es nuevo ni sorprende que, en medio de la endogamia que caracteriza al Poder Judicial federal, haya casos documentados de lo que los expertos han llamado el "nepotismo cruzado", consistente en que un juez, magistrado o ministro recomiende a un familiar o amigo cercano para que lo contraten en un juzgado distinto al suyo a cambio de que él a su vez contrate a los familiares o amigos del titular del juzgado que le hace el favor. Pero cuando esas prácticas de detectan y comprueban en los más altos niveles del Trife, el asunto toma otras dimensiones.

Por ejemplo, la magistrada presidenta del Tribunal, Janine Otálora, no tiene familiares suyos colaborando en su oficina, pero sus colaboradores más cercanos se han despachado con la cuchara grande cuando se trata de aprovechar los cargos públicos para ayudar a su familia más cercana. Y es que una búsqueda relacionada con el apellido de la magistrada solo arroja que su hermano, Rafael Jean Otálora, trabaja en la Sala Regional de Toluca como secretario particular del magistrado regional, Juan Silva Adayana, con un suelo de 77 mil pesos mensuales, más sobresueldos.

Pero si se revisa en la oficina de la presidenta del Trife, entre su personal de más confianza, ahí sí el nepotismo es directo y de lo más descarado. María Cecilia Sánchez Barreiro, quien es secretaria general de acuerdos del TEPJF y cercana colaboradora de la magistrada, cobra 219 mil pesos mensuales, y tiene en la nómina, de acuerdo con documentos en poder de esta columna, a su padre, Francisco Javier Barreiro Perera, quien cobra como asesor de la magistrada un sueldo aproximado de 77 mil pesos mensuales.

Y ya en plan de ayudar a la familia, María Cecilia también recomendó a su hermano, Carlos Manuel Sánchez Barreiro, quien se desempeña como técnico operativo en Recursos Humanos del Tribunal, con un salario de 30 mil pesos al mes. 

Otro caso de nepotismo es el de Alejandro Santos Contreras, coordinador de Jurisprudencia del Trife quien gana 204 mil pesos mensuales, quien ha logrado incluir en la nómina a un hermano, Ricardo Santos Contreras, actuario regional que cobra 51 mil pesos mensuales, y a otros familiares suyos como Arturo Ángel Cortés Santos, secretario de estudio y Cuenta con sueldo de 118 mil pesos mensuales; Daniel Cortés Santos, auxiliar de Mandos Medios con salario de 37 mil pesos al mes, y Gabriel Ibzam Santos Guzmán, profesional operativo que cobra también 37 mil pesos mensuales.

Y finalmente, en esa "red de apoyo familiar" que opera en las altas esferas del Tribunal Electoral, también están los casos de Julio César Maitret Hernández y Alejandra Maitret Navarro, hermano y familiar del magistrado de la Sala Superior de la CDMX, Armando Ismael Maitret Hernández, con quien trabajo antes la magistrada Otálora. Julio César es jefe de Unidad con sueldo de 143 mil pesos mensuales y trabaja con Cecilia Sánchez Barreiro, la secretaria de Acuerdos, mientras que la joven Alejandra está adscrita a la Sala Regional Especializada con salario de 25 mil pesos al mes.

Hace no mucho, en una de sus intervenciones públicas ya durante el actual proceso electoral, la magistrada presidenta del Tepjf habló de la corrupción como "uno de los principales desafíos" del país y un "cáncer social" que agravia a la sociedad y genera desconfianza en las instituciones. "La transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción no pueden ser sólo un juego de palabras, sino una fuente de fortaleza y prestigio institucional", decía la magistrada. Janine Otálora tiene fama bien ganada, a lo largo de su trayectoria y en su desempeño actual al frente del Tribunal, de ser "una buena jueza", pero como reza el refrán popular, "el buen juez…”.