Las fracciones parlamentarias en el Senado se aprestan para consumar, en los próximos días, la designación del primer titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en la persona del actual procurador y militante priista, Raúl Cervantes Andrade, a quien las redes sociales bautizaron como el #FiscalCarnal. Su nombramiento, previa aprobación de la Ley Orgánica de la FGR, sería parte de la “negociación en bloque” pactada en la Junta de Coordinación Política por PRI, PAN, PRD y PVEM, y que incluyó, además de la llegada de Cervantes a la Fiscalía, el reparto de “cuotas partidistas” en la designación de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el aumento en el tiempo de duración de las magistraturas y la designación del primer fiscal anticorrupción adscrito a la FGR.

La negociación de ese paquete, consumada el 18 de octubre, tuvo como artífices a los senadores Emilio Gamboa Patrón, del PRI, Fernando Herrera y Roberto Gil Zuarth, del PAN; Miguel Barbosa y Angélica de la Peña, del PRD, y Pablo Escudero del PVEM, además de la intervención del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes (primo de Cervantes), y consistió en la aprobación “fast track” del nombramiento de Raúl Cervantes como titular de la PGR, el 26 de octubre, como primer paso para después otorgarle el nombramiento de fiscal general, una vez aprobada la ley orgánica de la nueva institución que sustituye a la actual PGR y completa la reforma al artículo 102 Constitucional. Esto podría ocurrir el próximo 28 de noviembre, según confirman fuentes del Senado cercanas a esas negociaciones.

El voto mayoritario para Raúl Cervantes como fiscal general de PRI, PAN, PRD y PVEM sería el mismo que lo designó procurador y fue comprometido en esa negociación. Ahí también se acordó el reparto de electorales: 3 al PRI 2 al PAN, 1 al PRD y 1 más consensuado entre panistas y perredistas, así como la ampliación del cargo a 4 magistrados de 3 a 7 años y de 6 a 8 años. Y finalmente la negociación incluía la designación como fiscal anticorrupción para el abogado Fernando Gómez Mont, panista y ex secretario de Gobernación. Esa última fue la única parte del acuerdo que no se cumplió, pues Gómez Mont declinó de último momento aceptar la designación, aduciendo desacuerdos personales, lo que obligó al Senado a abrir el proceso de selección actualmente en marcha.

La llegada inminente de Cervantes a la nueva Fiscalía General de la República forma parte de una estrategia política transexenal que busca “blindar” el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ante el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que entrará en funciones concluido el actual sexenio. Pero además, el voto a favor del PAN y del PRD también garantizaría para esos partidos tener un fiscal afín en el nuevo sexenio ante el eventual triunfo de un partido distinto al PRI en las elecciones presidenciales del 2018.

Cervantes no sólo es un abogado muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto, a quien representó jurídicamente durante su campaña en casos tan polémicos como el Monexgate, también tiene vínculos familiares directos con el influyente consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Cervantes Castillejos, además de haber sido por años abogado del Grupo Toluca, propiedad del empresario Roberto Alcántara, uno de los financiadores de Peña Nieto y del priismo mexiquense.

Aunque la reforma constitucional al artículo 102 aprobada desde 2013 sólo establece como requisitos que “para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso”; en el mismo texto de la Ley de la FGR aprobada en 2014 por la Cámara de Diputados, se señala que con la nueva institución que organizará al Ministerio Público federal, “se busca garantizar independencia y objetividad en las actividades que realice la nueva fiscalía respecto a la investigación y persecución de los delitos”.

Y ahí sí, por más acuerdos y negociaciones políticas pactadas y acordadas en bloque por los partidos (PRI, PAN, PRD y PVEM) la pregunta obligada es si un militante priísta, amigo del presidente y primo de su consejero jurídico, por más experiencia y capacidad que tenga como abogado y aun cuando cumpla los requisitos de ley ¿garantiza la independencia, autonomía y objetividad que se busca en la primera Fiscalía General que la sociedad demanda que sea “autónoma” del poder político y presidencial? La respuesta ofende e indigna por la imposición que están por consumar en el Senado.

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