Los abogados “ocultos” de Duarte
En su estrategia de defensa legal, antes y después de fugarse de la justicia, Javier Duarte y sus prestanombres implementaron, para ocultar los nombres de sus verdaderos abogados defensores, el mismo esquema sofisticado de “compañías fantasma” que usaron para desviar y lavar recursos públicos de Veracruz.
El gobernador prófugo y sus socios diseñaron una defensa “oficial” en la que figuran nombres de jóvenes abogados, todos desconocidos, registrados formalmente ante la PGR como sus representantes legales; pero detrás de ellos hay otros abogados, regularmente un experimentado penalista que, sin aparecer, elabora y presenta los recursos, y por encima de él, otros abogados —éstos sí “peces gordos” de la abogacía— cuya función es llevar la parte “política y de relaciones judiciales” para promover sus “estrategias legales y de defensa”. Estos últimos son los verdaderos “cerebros” que, sin aparecer públicamente, diseñan y operan la defensa de Duarte.
Entre los abogados que, en algún momento defendieron o gestionaron a favor de Duarte ante PGR, sin aparecer como sus defensores, hay nombres delicados como el del senador Raúl Cervantes Andrade, hoy procurador General de la República, que en algún momento, a finales de septiembre, siendo aún legislador, llamó a la Procuraduría para solicitar información sobre las primeras averiguaciones contra Duarte. Eso sí, Cervantes nunca se presentó ni apareció como “abogado defensor”, pues oficialmente estaban registrados tres jovencitos que no llegaban a los 30 años de edad, según información que fuentes de la PGR confirman a esta columna.
En esa etapa también se presentó en la PGR para “defender” a Juan José Janeiro Rodríguez, presunto “operador financiero” del gobernador veracruzano, el abogado Eduardo Osorio Chong, quien tampoco figuró nunca oficialmente como “defensor”, aunque sí realizó varias gestiones a favor de Janeiro, antes de que éste declarara como “testigo” y entregara información sobre propiedades y cuentas de Duarte a la PGR.
Las mismas fuentes cercanas a las investigaciones aseguran que entre los abogados “ocultos” de Javier Duarte, que diseñan y operan políticamente su estrategia de defensa, están también los nombres de varios despachos prestigiados, ex funcionarios de la PGR y personajes con grandes influencias en el mundo político y judicial del país.
¿En algún momento esos “peces gordos” de la abogacía darán la cara o seguirán operando desde las sombras, diseñando estrategias y moviendo influencias en el ámbito político y judicial a favor de Duarte, sin asumirse públicamente como sus defensores?
NOTAS INDISCRETAS…
La entrega de fertilizantes para maíz y frijol de la Sagarpa a campesinos de Chiapas es un negocio redondo para el senador Roberto Albores Gleason.
El priista, a quien ya apodan #LordPimaf, no sólo entrega los fertilizantes y urea a los campesinos chiapanecos a través de su empresa Huertas Don Horacio, S.A., de la que es dueño junto con su padre el ex gobernador Roberto Albores Guillén, sino que además aprovecha ser “proveedor PIMAF”, autorizado por Sagarpa, para hacer un uso electorero del programa federal.
La denuncia penal presentada por ejidatarios y productores de La Trinitaria, Chiapas, acusa a la empresa de Albores de exigirles copias de sus credenciales de elector y cuotas de hasta 170 pesos por apoyo, además que al darles los fertilizantes siempre les dicen “que es un apoyo que les llega gracias a las gestiones del senador Albores Gleason”.
En muchos casos Huertas Don Horacio, a través de su representante legal, Felipe García Ortiz, manipula el padrón de Sagarpa y las cartas oficiales que le envía la dependencia y cambia las cantidades de abono por hectárea a cada productor, entregándoles menos sacos que los que les asigna la dependencia.
Es decir, que el senador Albores gana de todas, todas con el PIMAF: le cobra al gobierno federal como proveedor y él lucra políticamente con los apoyos en busca de votos campesinos para su aspiración como gobernador de Chiapas.
La duda es si el “negocio redondo” es solo de Albores Gleason o también del secretario José Calzada que se hace de la vista gorda… El escándalo que ayer le adelantamos en la licitación de la Red Compartida de la SCT estalló anoche: la empresa Rivada, una de las competidoras por esa licitación de 7 mil 500 millones de dólares, denunció que funcionarios de la Secretaría favorecieron ilegalmente a Altán, que hoy anuncian como ganadora, al filtrarle copia del “Plan de Negocios” de la SCT que fue la base para analizar las dos propuestas presentadas. Con la información filtrada, dicen los de Rivada, los de Altán presentaron una propuesta idéntica al plan oficial. ¿Qué dirá hoy la subsecretaria Mónica Aspe al anunciar ganador de la millonaria licitación con “dados cargados”?… Los dados mandan doble Serpiente. Bajan.
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