Detrás de la campaña promovida por abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán y su esposa Emma Coronel, que pretende mostrar al peligroso narcotraficante como “víctima” de malos tratos y torturas que afectan su estado de ánimo y de salud, hay toda una estrategia política y mediática con la que el hábil ex jefe del Cártel de Sinaloa pretende ganar tiempo y apoyos de los medios con el objetivo de retrasar o impedir su inminente extradición a Estados Unidos, ya decidida por el gobierno mexicano y aprobada por los jueces.

De paso, “El Chapo” busca recuperar “privilegios” que tuvo en sus estancias carcelarias, que van desde la permisividad para recibir a varios abogados, uno por cada acusación, hasta algo que para el sinaloense es vital: tener televisión en su celda, por la excesiva dependencia que tiene hacia el aparato que, según análisis sicológicos, influye mucho en su tranquilidad y estado de ánimo. Esa fue la razón por la que, después de varias peticiones, le habían autorizado su televisión en el Penal del Altiplano, que usaba con audífonos y que veía justo antes de escaparse por un túnel el 11 de julio de 2015.

Esos privilegios se le limitaron y prohibieron en su actual estancia en el Penal Federal de Ciudad Juárez, donde sólo le permiten la visita de un par de abogados para todas sus denuncias y de su esposa Emma Coronel, que lo ve cada semana, y donde le han negado contar con una televisión en su cuarto. Por eso su defensa elaboró un peritaje médico no oficial en el que se le diagnostica “trastorno de ansiedad” con base en el cuál han iniciado una campaña mediática de la que derivaron acusaciones de “malos tratos” y “tortura sicológica” con la que piden la intervención de las comisiones Nacional de Derechos Humanos y hasta de la Interamericana de Derechos Humanos.

En el gobierno afirman que se trata de una “estrategia mediática y de victimización” del “Chapo” a través de sus abogados y familiares. Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad, ha negado que dentro de los esquemas de estricta vigilancia a los que sí está sometido, se incurra en maltrato e incluso ha dicho que el gobierno federal está dispuesto a que la CNDH visite el penal y supervise los esquemas y protocolos con los que se vigila a Guzmán Loera, en su carácter de “reo de alta peligrosidad”, que se ha fugado en dos ocasiones de dos penales de máxima seguridad.

Una fuente de alto nivel de la seguridad federal lamenta que la campaña de “victimización” del “Chapo” Guzmán sea “comprada por algunos medios y periodistas”, que se han vuelto sus defensores. “¿Saben cuántas muertes están relacionadas con la actividad criminal de este sujeto? Más de 5 mil muertes, en su mayoría asesinatos y ejecuciones violentas. Y ahora resulta que la víctima es él. Se le trata con toda la dignidad y respetando sus derechos humanos, pero sí con vigilancia extrema y protocolos estrictos, como corresponde a un reo tan peligroso y evasor como él”, dice esa fuente de alto nivel.

La molestia de Joaquín Guzmán también estriba en que nunca estuvo de acuerdo con el cambio de penal que, de manera silenciosa, decidió y ejecutó el gobierno en mayo pasado. La razón por la que los sacaron de madrugada de Almoloya para trasladarlo a Ciudad Juárez fue que se había detectado que nuevamente estaba operando para cooptar a personal del Penal del Altiplano con miras a una nueva fuga, además de que se comprobó que, entre la gran cantidad de visitas de abogados y familiares que recibía, enviaba mensajes y seguía operando desde la cárcel las actividades y acciones de sus hijos, Alfredo e Iván Guzmán y de su hermano Aureliano Guzmán Loera para recuperar el mando del Cártel de Sinaloa.

Esa guerra que libran sus hijos en Sinaloa contra los hijos de Beltrán Leyva también está ligada a los motivos por los que Joaquín Guzmán cambió radicalmente su posición frente a la extradición a Estados Unidos, que primero quería y promovía, y ahora combate por todos los medios legales y con estrategias mediáticas.

Las traiciones que sufrió por parte de sus antiguos socios del Cártel de Sinaloa, léase su compadre Ismael “El Mayo” Zambada, y la cancelación de un acuerdo que sus abogados negociaban con agencias del gobierno de Estados Unidos, concretamente con la DEA, para acogerse a los beneficios de convertirse en testigo, lo hicieron cambiar de idea y no querer irse a territorio estadunidense. “El Chapo” sabe muy bien que desde allá ya no podría operar ni ayudar a sus hijos, y además enfrentaría una suma de procesos y acusaciones por delitos en varios estados de Estados Unidos que se le juntarían en un solo juicio y podrían llevarlo a una condena casi perpetua o al menos que lo mantendría, por lo que le reste de vida, encerrado en una cárcel de Estados Unidos.

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