De la gestión y escasez de recursos públicos en Sonora
Liz Ileana Rodríguez Gámez*
Hace unos días nuestra gobernadora acudió a la ciudad de México a gestionar con el poder legislativo y ejecutivo, un adelanto de recursos presupuestales a cuenta de las participaciones del 2017. Esta situación es muy similar a la que directivos y funcionarios de varias instituciones públicas, así como proveedores del gobierno, han tenido que recurrir para salir a flote con los compromisos financieros; sin que ello signifique la solución a sus problemas económicos. Es increíble que en los últimos años médicos y enfermeras, policías y bomberos, profesores y otros servidores de la sociedad deban mendigar los recursos que por ley les corresponden. Por ello se reconoce la labor de la gobernadora y sus gestiones con el gobierno federal ante las restricciones de liquidez
Al respecto dos cuestiones son preocupantes. La primera tiene que ver con el esquema de participaciones federales que reciben los gobiernos de las entidades. Este sistema de reparto del pastel fiscal, implica una coordinación mediante el cual el gobierno federal administra los impuestos más importantes, como el IVA, el ISR y los IEPS, y a cambio los gobiernos de los estados reciben un porcentaje de la recaudación federal, conocida como participaciones federales. Sin embargo este esquema ha significado una disminución del ritmo de crecimiento de los recursos transferidos en algunas entidades, y en varios casos éstos resultan insuficientes para atender sus rezagos. Entre los asuntos más preocupantes se encuentra una dependencia excesiva de los recursos federales y la perdida de la capacidad de respuesta de los gobiernos locales (estatales y municipales). Lo anterior se traduce en insuficiencia de recursos para hacer frente a las necesidades de gasto, mientras que se mantienen una “política fiscal prudente” bajo presiones presupuestales “latentes” y con severas contingencias futuras a causa del endeudamiento excesivo y de los compromisos financieros que, a corto y mediano plazo, representa la quiebra de los sistemas de pensiones para el retiro.
El segundo aspecto se relaciona con el uso, algunas veces, desmedido de las participaciones federales como herramienta de garantía financiera para contratar deuda pública con la banca comercial y solicitar adelantos al gobierno federal; es decir, como sociedad nos estamos gastando por adelantado recursos públicos del año 2017 para cubrir los rezagos presupuestales del año 2016. Seguramente, de no tomar medidas eficientes para el próximo año, esta situación se convertirá también en otra herramienta de escape ante la realidad de recursos públicos y su ejercicio, los cuales son dilapidados por la corrupción y la falta de transparencia del gasto. Ante esta situación, cómo revertir la insuficiencia de recursos fiscales respecto a las necesidades de gastos crecientes, especialmente, cómo disminuir la dependencia de ingresos federales transferidos a las entidades federativas.
En Sonora el 80 por ciento del presupuesto depende de las participaciones federales, si a éste se le resta el porcentaje colocado como garantía y pagos de créditos contratados, así como los adelantos recibidos de participaciones, el margen de acción del gobierno esta reducido y/comprometido. Poco se puede hacer en estas situaciones, salvo ser más eficientes en el ejercicio del gasto público, por ello un presupuesto basado en resultados tiene el reto de realizar una asignación presupuestal considerando resultados que mejoren la calidad del gasto y evaluaciones para el mejoramiento de la gestión. Confiemos que este 2017 se den los avances necesarios para instalar un buen sistema de evaluación del desempeño que permita avanzar en una planeación del desarrollo que vaya de la mano del ejercicio del gasto público.
*Profesora-investigadora en El Colegio de Sonora.
